¿Otra muestra de irresponsabilidad?
El proceso que viven miles de preocupados acreedores de los bancos liquidados, cada día se vuelve más negativo. No existe –más allá de algunas declaraciones rimbombantes de parte de jerarcas del Banco Central– ninguna acción que permita abrigar esperanzas de que los que fueron ahorristas de esas instituciones comiencen, de alguna manera, a recuperar su dinero. Las fórmulas que se preparan y anuncian tienen todas un ingrediente de irresponsabilidad y, en las mismas, se evidencia la intención de seguir ganando tiempo para que los damnificados se resignen a recibir certificados, a 8 o 10 años, con los cuales las pérdidas serán demasiado importantes.
Ahora, para colmo del descalabro, se supo que tampoco se reconocen las tareas de recuperación de activos que ha hecho el personal designado para actuar en la liquidación de esas instituciones. Hay más de 30 millones de dólares cuyos convenios de pago no han sido todavía autorizados por el Banco Central, abandonándose ese patrimonio, todavía virtual, pero demostrativo de que muchos uruguayos quieren cumplir con sus obligaciones y la institución que controla al sistema y que debe adoptar las medidas pertinentes para consolidar esos activos, no lo hace.
¿Qué razón existe para tal anomalía que está preocupando no sólo a los damnificados sino a la propia Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), que se siente desacomodada ante lo incierto de la situación? El Banco Central que está determinando esa parálisis en las tareas de liquidación de los cuatro bancos clausurados, debe tener alguna explicación racional que no debería reflejar el intento de otra transgresión destinada a favorecer intereses de particulares. ¿Qué otra explicación puede existir?
Pero además, en otra acción insólita, no acordada y que obviamente busca una confrontación con el gremio bancario, el Banco Central anunció el despido de alrededor de 230 trabajadores que cumplen funciones en las referidas instituciones liquidadas. Ese anuncio puso a AEBU en estado de alerta, dispuesta a defender a toda costa la estabilidad en el trabajo. Sobre el mecanismo para los despidos se negociaron largamente fórmulas, como la incorporación de trabajadores a otras instituciones, anuncios previos con plazos adecuados, etc. Sin embargo, a pocas horas de que el ministro de Economía y Finanzas y el presidente del Banco Central informaran a la Comisión Permanente del Poder Legislativo que todo estaba siendo manejado con cordura y que, con la concreción del fideicomiso que tendrá como objetivo la recuperación de carteras del Banco de la República, no quedaría en la institución estatal ningún funcionario sin trabajo, trasciende la noticia en torno a quienes ocupan puestos en las liquidaciones de los cuatro bancos suspendidos.
Un ejemplo de desprolijidad en que esos jerarcas, con total ligereza, adoptan medidas que tienen como objetivo implícito el multiplicar las dificultades para que los damnificados cobren, alguna vez, sus depósitos.
El tema es grave y sirve para seguir calificando a este equipo económico que solo aspira a cumplir con los organismos multinacionales de crédito, porque el cumplimiento de bonos y títulos de deuda con los cuales alejaron en el tiempo algunos vencimientos externos, todavía hay que verlo.
¿Qué está buscando el gobierno? Seguramente trasladar para después de marzo de 2005 la solución para una situación que cada día se agrava más, que en algunos casos por la edad de los damnificados se converte en irreversible.
Otro punto en contra que no podrá ser encubierto por más ruido que se produzca en el marco de la campaña electoral que ya está en marcha. *
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