La impunidad no fue solución

Después de casi veinte años, lejos de quedar saldado, el tema de los crímenes cometidos durante la dictadura sigue reapareciendo con bastante frecuencia, como una asignatura pendiente que la sociedad uruguaya se obstina en no olvidar.

Más de una vez hemos afirmado desde estas páginas que la «solución uruguaya» al problema de las violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado no fue una solución.

Al salir de la dictadura, la clase gobernante no tuvo ni la inteligencia ni el coraje de enfrentar una situación que exigía un tratamiento especial; mejor dicho, no tuvo la voluntad política de hallar una verdadera solución al problema. Atados por compromisos subyacentes o sobrevolantes, los dirigentes políticos tradicionales se inclinaron y cedieron a las pretensiones castrenses. Fue así que se ocuparon de generar zozobra en la población y lograron que prendiera en la conciencia colectiva la idea de que era preferible no irritar a los uniformados y que toda investigación judicial sobre los bárbaros crímenes cometidos al amparo del terrorismo de Estado desembocaría en un desacato militar y en un nuevo quiebre institucional. De ese modo lograron la ratificación plebiscitaria de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado que consagró la impunidad de militares y policías responsables de gravísimas violaciones a los derechos humanos.

Con ello pretendieron dar vuelta la página y cerrar definitivamente una época, con el agregado de una disposición –el artículo cuarto de dicha ley– que habilitaba la investigación administrativa para los casos de desaparición forzada y sustracción de bebés.

La polémica norma se cumplió parcialmente, pues el famoso artículo cuarto fue aplicado de forma escandalosamente sesgada, con el claro propósito de que cualquier investigación desembocara en la nada. Las jerarquías castrenses y los oficiales denunciados como asesinos, torturadores y secuestradores cerraron filas y sellaron un pacto de silencio que obstaculizó todas las diligencias dispuestas incluso por la Comisión para la Paz creada por el doctor Jorge Batlle. La norma sólo contempló las aspiraciones de los verdugos; y los encargados de aplicarla soslayaron las aspiraciones y las expectativas del resto de la sociedad.

Hoy, a casi veinte años de haber retornado a la vigencia del estado de derecho, ha quedado demostrado que la Ley de Impunidad no resolvió el problema. Porque la sociedad uruguaya ratificó en un plebiscito que había caducado la pretensión punitiva del Estado, es decir que no se castigaría a los culpables de violaciones a los derechos humanos. Pero en modo alguno puede afirmarse que la ciudadanía haya estado de acuerdo en que también caducara la pretensión cognitiva, o sea la natural y humana necesidad de que se conociera la verdad.

Ninguna paz puede sellarse sobre la base del ocultamiento del pasado. Ninguna solución al problema puede sustentarse en el olvido a priori.

Por eso el tema resurge cada poco tiempo. *