Cuando se separen las aguas

Es muchas veces bueno, especialmente cuando se está sumergido en una crisis de la magnitud de la uruguaya, tratar de separar las aguas para poder, de alguna manera, observar con la mayor claridad posible los elementos que conforman la coyuntura.

Sí así lo hacemos llegaremos a comprender que en ocasiones nuestros gobernantes, especialmente durante el período extenso y nefasto del contador Alberto Bensión al frente de la cartera de Economía, actuaron con una dinámica propia y favoreciendo intereses sectoriales, aunque ello fuera un desatino y en definitiva que nos produjera una erosionada relación con el FMI.

No contentos con ello hoy se ha comenzado a visualizar otro fenómeno similar que se advierte en algunas empresas públicas en las que, sus directorios, aparecen abocados a una tarea con un objetivo nuevo: su vaciamiento. ¿De qué otra forma se puede calificar lo que está ocurriendo en Ancap, en donde se suma a las enormes pérdidas de 250 millones de dólares por sus fallidos negocios en la Argentina, una específica política destinada a favorecer a empresas vinculadas a su presidente, hombre de negocios que tiene intereses no sólo en nuestro país sino en empresas papeleras de la Argentina?

Una empresa pública que pagó el año pasado dos millones y medio de dólares por la opción de compra de una petroquímica, también de propiedad de la fallida Sol Petróleo, que volvió a pagar en enero de este año algunos millones más. En el pasado año, en el mes de marzo, Ancap pagaba once mil dólares al día y en abril estaba pagando doce mil al día. Sobre el final del plazo Ancap resolvió hacerse cargo de esa empresa, un verdadero «clavo», en la que debe seguir realizando aportes. Todo esto en un país en donde está restringido el aporte oficial a los hospitales, a los merenderos, a la educación y el ministro de Economía, por nota, indica cómo se deben concretar los «ahorros» este año en las distintas dependencias del Estado.

Si a estos manejos le sumáramos la irracional política tarifaria que llevó a los combustibles a precios inalcanzables para la mayoría de los uruguayos, sin siquiera tomar en cuenta otros hechos que serán trasladados al lector en otra oportunidad, la conclusión a la que se arriba es casi indiscutible. El Directorio de Ancap está aplicando una política clara, determinada, encaminada al deterioro de la empresa que no podrá resistir mucho tiempo más una situación de caída tan aguda.

¿Será una alternativa a la fallida política de privatizaciones? No lo sabemos a ciencia cierta, pero es evidente que el camino emprendido no es el mejor para los intereses del país y cabe una explicación esclarecedora sobre lo que se está haciendo.

¿Cuál es el sentido de esta dinámica tan singular, cuyo objetivo económico no se puede escudriñar? ¿Cómo es posible que el gobierno embarque a las empresas públicas en políticas tan negativas, por ejemplo la tarifaria, que determinan perjuicios gigantescos para ellas mismas? *