¿Diferentes ante la ley?

Más que un gobierno divertido, el uruguayo, es imprevisible. La inopinada modificación cambiaria del 2002, no por esperada, sorprendió por su celeridad especialmente cuando fue adoptada previamente a conocerse las medidas argentinas y luego de una semana en que el gobierno invirtió alrededor de 150 millones de dólares para evitar que esa divisa superada el techo de la banda de flotación, impulsada por instituciones financieras que especularon con una posible devaluación y durante los últimos días usaron todas sus existencias de pesos para comprar.

Ahora que el ministro de Transportes y Obras Públicas, Lucio Cáceres, utilice el argumento de esa devaluación y de sus consecuencias como un elemento para justificar la aceptación del cambio de las condiciones en los contratos de las empresas concesionarias de las rutas nacionales, es un hecho grave pero, obviamente, también insólito. El ministro, con su argumentación, favorece solo a un grupo de empresas pero, obviamente, establece un precedente que podría ser utilizado por todos los deudores en dólares que también se han visto perjudicados por el cambio de las reglas del juego.

La devaluación era un hecho previsible y muchos analistas económicos se jugaban indicando que la misma se concretaría antes o temprano. Y no se equivocaban, pues desde la devaluación brasileña el país perdió competitividad, situación que se mantuvo por años, durante el final del gobierno de Julio María Sanguinetti y largamente durante el de Jorge Batlle, período en que el ministro de Economía de la época, Alberto Bensión, hacia «la plancha» afirmando un día si y otro también, que la reactivación se produciría en cualquier momento, fijando fechas que nunca se cumplieron. Era la teoría del «rebote», para la cual no tomaba en cuenta esa caída de la competitividad.

Luego sobrevino la crisis bancaria y, contrariando su política anterior, Bensión resolvió devaluar, minimizando la acción, diciendo que era un ajuste técnico. Qué se salía del régimen de «franjas» pero que el cambio de la paridad no sería muy significativo. Fue, claro está, de casi un 100 por ciento. La pobreza se multiplicó y, claro está, las empresas que creían haber logrado la panacea al serles adjudicadas las rutas nacionales, se encontraron que pasaban muchos menos automóviles, que la gente prefería viajar en transportes colectivos. No había forma de extraer riqueza, traspasándola de unos a otros, cuando la pobreza creció haciendo caer el PBI en una tercera parte.

Lo que nunca nos imaginamos era la liviandad de esos empresarios, ganadores de las licitaciones, que para impulsar que se modificaran sus contratos, utilizaron un argumento que era aplicable a todos los uruguayos. Pero, lo sorprendente, fue que el ministro Cáceres, luego de una serie de elucubraciones insólitas, aceptara esas modificaciones, alegando que los empresarios tenían razón, pues con la devaluación se habían modificado las bases económicas y, por supuesto, las ecuaciones de lucro.

Tampoco le importó que aceptar esas modificaciones, mejorando la situación de las empresas, determinaba una flagrante violación de la ley que incluso fue señalada en más de un dictamen del Tribunal de Cuentas, organismo de contralor que cumple hoy en día una función nada más que testimonial.

Por ello indicamos lo del precedente. Si el cambio de las condiciones económicas del país es un buen precedente para modificar, violando la ley, contratos con concesionarios que fueron fruto de licitaciones públicas: ¿Por qué el mismo argumento no puede servir para aliviar la situación de los deudores en dólares, a quienes se les aplica, con toda la fuerza, la legislación vigente, no aceptándose que haya quitas, facilidades ni recortes?

Es qué, nuevamente prima la injusticia, lo que es una obviedad manifiesta. *