Responsabilidades que jamás se deslindan

La demanda judicial iniciada contra el Ministerio de Defensa, por supuestos daños y perjuicios inferidos contra sus promotores, ha tomado estado parlamentario no solamente por su magnitud económica, sino porque en el proceso respectivo se habrían producido omisiones o despro- lijidades que comprometen seriamente los intereses de la Administración. Al margen de la plausible inquietud del diputado Víctor Rossi, quien planteó el tema a nivel legislativo, y de la presunta veracidad de los errores procesales que se atribuyen a los abogados de ese Ministerio, es importante que el asunto no pase inadvertido, en virtud de que el reclamo asciende a US$ 240 millones.

Recuérdese que todos los órganos del Estado, con inclusión de los gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados, son por mandato constitucional civilmente responsables del daño causado a terceros en la ejecución de los servicios públicos confiados a su gestión o dirección.

Además, determina la Carta Magna que, cuando los jerarcas y/o sus asesores han actuado con culpa grave o dolo, el órgano público perjudicado por la condena judicial puede repetir contra ellos lo que hubiere pagado por indemnización. Y dentro de esta filosofía, el Decreto Nº 701 de fecha 23.12.1991, preceptúa que toda resolución que disponga el pago de indemnización por responsabilidad civil del Estado ordenará la iniciación de un procedimiento administrativo, a fin de dilucidar si corresponde promover la acción de repetición contra el funcionario o los funcionarios públicos responsables del daño causado.

A la luz de lo precedentemente expresado, sería interesante saber cuánto han pagado los contribuyentes por concepto de impuestos, para solventar las condenas judiciales que han tenido los organismos estatales a partir de noviembre de 1967, como consecuencia de actos o hechos administrativos, contrarios a la razón o a una regla de Derecho. Y optamos por esa fecha, porque es a partir de la misma que el país comienza a vivir un clima donde, lamentablemente, no se respeta el orden constitucional, ni las garantías fundamentales de las personas.

El diluvio de demandas por reparaciones promovidas desde el comienzo del autoritarismo es totalmente desconocida por la opinión pública, y los sucesivos gobiernos –incluido el dictatorial, que batió récords en materia de desvíos y avasallamientos– demuestran que decenas de miles de juicios fueron mal conducidos, porque los jerarcas de turno obligaban a sus departamentos jurídicos a pleitear, para darles apariencia de legalidad a sus decisiones arbitrarias, discrecionales o ilegítimas.

Se comprende que en casos opinables los representantes de los organismos estatales defiendan los intereses de éstos, sin perjuicio de arribar a una razonable transacción; pero cuando existe plena conciencia de la sinrazón, resulta absurdo prolongar procesos que no hacen más que aumentar los gastos, que recaen en definitiva sobre las espaldas de la gente.

Salvo algún caso excepcional, los datos de la realidad revelan que el decreto reglamentario del artículo de la Consti- tución precedentemente citado no ha sido puesto en funcionamiento, lo que comportaría un freno al abuso de derecho fundado en la soberbia del poder, y una advertencia para que los autores de las resoluciones evalúen hasta dónde pueden llegar en nombre de la ley. Y como advertirá el lector, muchas veces el jerarca confunde el interés con el Derecho, o se moviliza prisionero de una tesis enraizada en un capricho o en el autoritarismo, lo que no le permite tener grandeza para reverla, y evitarle a la Administración un litigio que culminará con una condena en perjuicio del pueblo.

Obsérvese que en 1997 el Estado perdió 122 juicios, que lo obligaron a un desembolso de US$ 6 millones, mientras que en el primer semestre de 2002 la cifra reparatoria alcanzó a US$ 12 millones de divisa americana. De manera que resulta inadmisible que determinados funcionarios públicos, por calmar su ego, embarquen irresponsablemente a la Administración en aventuras ante la Justicia, a costa de los bolsillos de los contribuyentes.

Y es indignante que mientras se abonan cifras impresionantes en causas perdidas, no existan recursos para áreas sensibles como la salud, la enseñanza y la seguridad. *