La memoria y el deseo de la verdad

Es evidente que el trabajo de la Comisión para la Paz fue parcial, dejando  como dijo monseñor Pablo Galimberti, presidente de la Conferencia Episcopal Uruguaya  brechas no cerradas entre la memoria y el olvido. Es una reflexión muy compartible, pues indudablemente el acercamiento a la verdad que se logró a través del trabajo de la referida Comisión quizás, en algunos casos, fue el suficiente para restañar heridas que se mantenían desde los hechos ocurridos durante el período dictatorial, pero en otros  diríamos, los más paradigmáticos  ello no se logró porque el gobierno no tuvo ni la fuerza ni el coraje suficiente para que muchos de los que saben de lo ocurrido dijeran finalmente la verdad.

El caso de la nuera del poeta Juan Gelman, sin duda, que es uno de estos casos, en que no se ha logrado restañar las heridas. Si bien se recuperó a la nieta, hija de María Claudia García, la joven de 19 años que luego de ser trasladada a Uruguay por la «patota» de Gavazzo, fue asesinada y presumiblemente enterrado su cadáver en el Batallón 13. Más allá de lo que diga el gobierno y su ubicuo vocero, el doctor Carlos Ramela, este caso no puede quedar cerrado, y menos decirse que queda amparado en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Si el secuestro de una muchacha de 19 años, embarazada, trasladada a Uruguay que, luego de dar a luz, fuera asesinada, fue una acción atribuida a una acción del Estado uruguayo, es evidente que las visiones que muchos tienen, ya en el cuarto año del siglo XXI, distan mucho del proceso ético y de construcción moral que ha vivido la humanidad.

La Ley de Caducidad  obviamente  en su excesiva amplitud, ampara a asesinos, secuestradores y torturadores sin medir el nivel de la transgresión. Sin embargo, además de las excepciones que plantea la propia ley, la misma está destinada a encubrir a quienes actuaban en nombre del Estado, mecanismo establecido dentro de la Doctrina de la Seguridad Nacional que daba carta blanca para cualquier aberración contra el ser humano, las instituciones, la moral y la ética.

Pero esas aberraciones se debieron haber cumplido bajo la decisión del Estado, en el marco de una política. Nos preguntamos, ¿el secuestro, asesinato y la desaparición de María Claudia puede ingresar en la historia como el resultado de una decisión del Estado uruguayo?

Pero existen más excepciones. Los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, recordamos, fueron expresamente excluidos en el articulado de la referida Ley de Caducidad, pues se estimó que esas acciones de lesa humanidad no caducaban y debían ser investigadas hasta el final. Recordamos que ello se dijo, pero hasta hoy no se ha avanzado mucho en determinar a los responsables directos e indirectos del aberrante asesinato político.

Sobre este hecho debe de haber muchos testigos, conocedores de detalles que podrían aclarar lo ocurrido y que nunca fueron «molestados» para ir, poco a poco, abriendo esa caja de Pandora que, alguna vez, revelará todos los fantasmas que atesora. ¿O tendrá que ser otro gobierno, en este caso el de Argentina, que comience a tirar de la madeja cuya punta está en los sicarios argentinos que realizaron el «trabajo», para que comience a conocerse la verdad definitiva de todo lo ocurrido?

El país, gracias a las restricciones a la verdad puestas por la Ley de Caducidad, siempre está volviendo atrás. La norma, producto del acuerdo del Club Naval, estaba destinada a darle impunidad de los esbirros, a los Gavazzo y compañía, pero no a instaurar un manto de silencio sobre lo ocurrido. Que no se castigara con la cárcel a los culpables no quería decir que se ocultara para siempre la verdad.

De esa forma las heridas nunca se cerrarán y seguirán abiertas hasta que no se conozca finalmente la verdad. Esa es una verdad de a puño. La Comisión para la Paz fue un tímido intento, bien encaminado pero insuficiente. *