Angustia oral de Ramela

El doctor Carlos Ramela, delegado del Presidente de la República en la articulación política que condujo a la creación de la Comisión para la Paz, parece haberse saturado de su rol «pacificador» y encontrar ahora satisfacciones crecientes en las áridas tribulaciones de la guerra, o al menos de la guerra oral.

Se ha ido convirtiendo en una especie de fiscal político amateur asignado a la fiscalización de las posiciones sustentadas por el Frente Amplio, o las que él dice que son las posiciones del Frente.

Su locuacidad y el atrevimiento de sus asertos ya ha contribuido a enrarecer las relaciones diplomáticas con Argentina, en una zona de temas donde la prudencia de un representante del gobierno uruguayo no debiera ser macheteada.

Efectivamente, es el gobierno de Néstor Kirchner el que está actuando de acuerdo con lo que los pactos internacionales establecen, y no el gobierno uruguayo. En el episodio vinculado con la nuera de Juan Gelman, así como en lo referido al asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz, los que tienen ajustadas sus pautas a lo que indica el derecho y los compromisos internacionales son los gobernantes vecinos y no el presidente Batlle.

Según da cuenta el semanario Búsqueda, Carlos Ramela «reclamó del Frente Amplio una clara definición respecto a si ante la eventualidad de acceder al gobierno desconocerá o acatará la Ley de Caducidad».

A partir de este desubique, el asesor presidencial se lanza a una serie de conjeturas acerca de las oscilaciones en que podría incurrir el Frente en esta materia, deslizándose de manera temeraria por una pendiente de conjeturas de todo tipo.

El operador gubernamental que llevó adelante las averiguaciones de la Comisión para la Paz, contrariamente a lo que dice el texto de su informe final, siente que lo que se ha logrado es todo lo posible para nuestro país.

Carlos Ramela parece olvidar lo que con mucha claridad han expresado los familiares de detenidos desaparecidos con relación a los alcances de lo logrado por la Comisión: lo que para el grupo de trabajo constituyó el «Informe Final», para los familiares constituyó apenas el Informe Inicial. Quedan en pie cuestiones insoslayables, como ser la ubicación de las pruebas materiales de los fallecimientos, es decir de los restos que permitan confirmar el deceso y la identidad de las personas.

La quimérica aspiración de dar por cerradas las averiguaciones con el precario Informe elaborado por Ramela y demás integrantes de la Comisión, contiene un primer factor de inviabilidad: ni los familiares ni las organizaciones sociales en las que actuaban los detenidos desaparecidos están dispuestos a aceptar las versiones indirectas trasmitidas por funcionarios anónimos, sin el aporte de una sola prueba material efectiva.

En los términos en que se encuentran las investigaciones, sus resultados tampoco son de recibo de acuerdo con el estándar de exigencias que en la materia prevén los tratados internacionales.

Finalmente, el vocero del gobierno, erguido ahora en vigía y supervisor de las acciones y los dichos del Frente, parece haber perdido de vista que el gobierno actual, así como los anteriores, tan proclamadamente defensores de la Ley de Caducidad, no han dado un solo paso en el cumplimiento de las obligaciones que surgen de su propio articulado, especialmente cuando se indica la responsabilidad del Poder Ejecutivo en la investigación de la peripecia ocurrida a las personas detenidas desaparecidas.

Finalmente, resulta por lo menos poco delicada la fluctuación entre las funciones públicas de búsqueda de la reconciliación, para las que Carlos Ramela fue designado cuando se emitió el decreto de creación de la Comisión, en el año 2000, y las escaramuzas que ahora intenta pergeñar contra el Frente Amplio, la única organización política que ha actuado con claridad, transparencia y continuidad con relación a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país y que se ha comprometido con ellos de manera reflexiva y responsable. *