Los piratas uruguayos de siglo XXI

A escasos cinco meses del caso «Viarsa I», se repite un nuevo acto de piratería por parte de un buque pesquero de bandera uruguaya, esta vez por parte del «Maya V».

Se trata de buques que enarbolando el pabellón nacional, y por lo tanto sometidos a legislación Uruguaya, además de la internacional marítima, lógicamente, están autorizados por un permiso de pesca categoría «D» a pescar fuera de aguas jurisdiccionales uruguayas, lo cual no implica que puedan pescar en aguas jurisdiccionales de otras naciones, si no están debidamente autorizados.

Esto es lo que está ocurriendo, se introducen furtivamente en aguas jurisdiccionales extranjeras, para capturar con mayor facilidad la tan cotizada merluza negra, cuyo valor en los mercados tradicionales oscila en los U$S 12.000 la tonelada. (La carga del Viarsa cuando fue apresado, estaba valuada en 1 millón y medio de dólares), violando las respectivas legislaciones, ante la pasividad de nuestro gobierno en ejercer los controles a los que está obligado y en consecuencia, inacción en la aplicación de las sanciones correspondientes y medidas ejemplarizantes.

Quien entre los meses de agosto y setiembre de 2003 siguió por la prensa los hechos vinculados al «Viarsa I», podía tener la sensación de estar frente a una serie televisiva de acción, con final previsible, apareciendo ahora la parte 2, con nuevos capítulos protagonizados por el «Maya V».

Pero lo que provoca mayor asombro en la opinión pública, es que estos actos piratas no eran desconocidos, sino que fueron advertidos reiteradamente por el Suntma (sindicato único de trabajadores del mar y afines) ante las autoridades correspondientes y divulgadas por la prensa, incluso por una audición radial que emite este sindicato semanalmente.

El 16 de mayo de 2003 el diario La República, en un informe de Daniel Martínez Soto, daba cuenta de las denuncias de Greenpeace Internacional por las que acusaba de actos de piratería a buques de bandera uruguaya, que por lo general son extranjeros y se les concede «bandera de conveniencia», por una baja cifra, a sabiendas de que algunos de estos buques, se dedican a la pesca ilegal de la merluza negra.

Para estos casos de pesca ilegal, los permisos concedidos categoría D, que sería conveniente aclarar cómo se obtienen en la realidad y a qué costo, terminan convirtiéndose en verdaderas patentes de corso, que el estado no puede controlar. Estos buques no le dejan beneficios al país, ya que no se aprovisionan ni reparan en sus puertos y para peor, tampoco cumplen con la disposición legal de tripularlos con el 50% de uruguayos, a pesar de la grave desocupación que se registra con los trabajadores del sector.

¿Qué ocurre que la Dinara (Dirección Nacional de Recursos Acuáticos), dependiente del Ministerio de ganadería, Agricultura y Pesca, teniendo reglamentado los procedimientos a seguir en toda la actividad de su competencia, incluyendo los contralores a ejercerse, la concesión o caducación de permisos, la detección de infracciones y la aplicación de sanciones , no logra dar explicaciones claras ni corregir, a pesar de estar en conocimiento, las graves irregularidades y situaciones delictivas que se registran por parte de buques que enarbolan nuestro pabellón?

Recordemos, además, que en estos buques embarca un observador de Dinara, y la navegación del buque es controlada vía satelital.

Aventuramos a opinar que el Director de la Dinara, profundo conocedor de todas las actividades vinculadas al medio marítimo, seguramente tenga las soluciones, por lo menos en teoría, y que tal vez se vea imposibilitado de aplicarlas.

Presenciaremos en los próximos días, el desarrollo de la versión 2004 («Maya V») de la pesca ilegal de la merluza negra en aguas antárticas jurisdiccionales extranjeras, por parte de buques con pabellón uruguayo y permiso categoría D. *