Los ahorros de Alfie

Nuevamente la democracia uruguaya está quedando renga, desconociéndose resoluciones, no solo del Tribunal de Cuentas, que «mueren» en la oficina del presidente de la Asamblea General, Luis Hierro López, sino dejándose de aplicar leyes y decretos, sin que nadie ponga el grito en el cielo por tales anomalías.

En las últimas horas se conoció un comunicado del Ministerio de Economía que, de manera insólita, conmina a las dependencias públicas a gastar menos de lo establecido en sus asignaciones presupuestales. De enero a marzo el 75% de lo asignado, de abril a junio el 77% y para el resto del año el 80%. De un plumazo, por resolución comunicada por nota por el ministro, se reduce abruptamente el presupuesto de la administración pública en casi un tercio.

Ante la aberración que, obviamente, tendrá consecuencias sobre la economía del país, especialmente en lo relativo con el mercado interno, nos debemos preguntar: ¿Quién autorizó al ministro Alfie a resolver tal transgresión de lo establecido? ¿O es que el secretario de Estado, obviamente muy mal encaminado en esa decisión, se saltea lo establecido en la Constitución de la República y en las leyes?

¿Cómo es que por si y ante si se abroga el derecho de reducir en un tercio el presupuesto de los organismos públicos? La violación de la ley de presupuesto es más que notoria, pese a que sabemos que esa decisión comunicada del ministro es producto del acuerdo realizado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para así lograr el superávit previo del 3,2 % del PBI, que es una de las exigencias del organismo multilateral del crédito.

Al respecto nos gustaría conocer las opiniones de quienes conocen de la Constitución, las leyes y los decretos. Quisiéramos saber si estamos ante una nueva transgresión de un gobernante soberbio o, si la mecánica establecida en las negociaciones con el FMI, de hecho hace caducar el ordenamiento interno de los países, menoscabando de esta forma a la propia democracia. Y ello sin analizar temas vinculados a la soberanía

Alfie ni siquiera debió haber pensado en este aspecto de la situación que su comunicado, imponiendo un ahorro forzoso, pone en juego. El está acostumbrado, para tomar sus decisiones a utilizar el «manual» que debe haber entregado algún organismo de crédito o, en su defecto, llamar a Washington, con el fin de no equivocarse. Es muy difícil que se le ocurra leer lo que establece la Constitución de la República sobre la vigencia de las leyes.

No discutimos el fondo del tema. Sabemos que la economía del país, por obra y gracia del gobierno que padecemos, sufrió una de las crisis más agudas de nuestra historia, que finalizó con la liquidación de cuatro bancos y una cantidad de heridas gravísimas en la sociedad, que se expresan en la marginación de más de 700 mil personas, casi la cuarta parte de los uruguayos y un nivel de desempleo que está estacionado en un 17 por ciento. En el año 2002 el PBI cayó en una tercera parte, o sea que se destruyó riqueza por una suma de alrededor de 10 mil millones de dólares.

El desastre todos lo conocemos y sufrimos, por lo cual aparece como lógico que desde el Ministerio de Economía, se pretenda que las cuentas comiencen a desbrozarse, aclarándose ingresos y egresos. Sin embargo siguen fallando los controles y la DGI y el BPS no recaudan lo que debieran y, todos sabemos, que hay gastos innecesarios que podrían suprimirse. Pero este ministro se extralimita, porque en su afán de ahorro no solo viola el ordenamiento legal, sino que comete transgresiones sociales, como la de no cumplimentar lo necesario en la tarea de los comedores del INDA, etc., olvidándose también de la importancia de la ciencia y la tecnología y de otra cantidad de cosas que son gravísimas e inaceptables.

Por ello, desde estas páginas, es bueno llamar a la reflexión. Es adecuado gastar lo que se puede, pero no lo es imponer a los organismos del Estado un ahorro forzoso, claramente ilegal. En todo caso esa política, para ser puesta en práctica, requeriría de una expresa resolución parlamentaria. *