Sobre calidad de la democracia

Aunque viviendo contingencias económicas y sociales distintas y transitando procesos políticos con rasgos propios, las democracias restauradas del Cono Sur de América evidencian la existencia de algunas preocupaciones comunes en lo que tiene que ver con la necesidad de profundizar y consolidar sus instituciones democráticas.

Los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay deben lidiar con las dramáticas urgencias de sus sociedades desarticuladas por el neoliberalismo económico y las herencias autoritarias de todo tipo que las dictaduras han instalado en los pliegues de las instituciones.

Se ha ido tomando conciencia de que lejos de tratarse de fenómenos separados, la solución de los problemas económicos y sociales está en estrecha relación con el funcionamiento democrático de las instituciones, con el desarrollo de una concepción de la ciudadanía que no se limita al ejercicio del derecho al sufragio sino que también se organiza y participa en el tratamiento y la solución de los problemas que se le presentan al conjunto de la Nación.

¿Cuánto puede sobrevivir una democracia ante el naufragio económico? ¿Cómo sostener las instituciones republicanas y representativas si una porción desmesurada y creciente de la población se ve expuesta al hambre y la necesidad? Y si, como vimos los uruguayos la semana pasada, esa destrucción estructural de la sociedad conduce a un crecimiento de la violencia y la inseguridad que afecta –paradójicamente– a las áreas urbanas más castigadas por la desocupación, los bajos ingresos y la miseria.

Una reflexión interesante sobre este asunto la aporta Carlos Alvarez, ex vicepresidente de la República Argentina en una nota publicada en Clarín de ayer domingo. Dejemos de lado el hecho de que las lúcidas reflexiones de «Chacho» Alvarez parecen sugerir que sobre estos asuntos es más fácil escribir un editorial que llevar a la práctica estos conceptos desde el ejercicio de una magistratura política. Dice el analista: «En los trabajos sobre la temática del desarrollo, con frecuencia se deja de lado la importancia de los factores institucionales y más específicamente el valor de la calidad de las democracias en nuestro continente. O si no, se tiende a profundizar la desvinculación de la política de la economía y ésta del empleo y la equidad, cayendo en el reduccionismo tecnocrático o en la visión fundamentalista del mercado que guió la política durante los años noventa. La otra distorsión la constituyen ciertos intentos de los organismos multilaterales de crédito de vender llave en mano los paquetes de reingeniería institucional, pensando que las reformas de carácter estructural pueden trasplantarse, desconociendo en algunos casos y sin tomar en cuenta en otros, los contextos culturales y las especificidades de cada país.
En ese plano, Alvarez valora las iniciativas del Presidente Lagos y las opiniones de su par brasileño, Lula Da Silva, en el sentido de crear mecanismos propios destinados a evaluar desde nuestros propios países la calidad de las instituciones democráticas.

Iniciativas estas (de Lagos y de Lula) que permiten a los gobiernos abocarse a la evaluación de los propios procesos políticos, no dejando esa tarea a instituciones ajenas a la región, de credibilidad y rango científico dudosos, o de gobiernos y entidades dedicados indebidamente a las prácticas de tutelaje y «certificaciones». Por eso plantea la necesidad de una definición consensuada sobre la idea de «observatorio», así como sobre la necesidad de avanzar también en el perfil de la institución, su relación con los gobiernos y el marco teórico y metodológico del trabajo a ser desarrollado.

Es un enfoque interesante que vale la pena tener en cuenta. Sobre todo cuando nuestro país parece encontrarse en la antesala de un período de renovación políticas y cambios económicos y sociales. *