¿Dónde está el riesgo de los capitales?

La política en el Uruguay está plagada de acciones que se convierten en sorpresas inadmisibles, muchas de ellas contrarias (a contrapelo) de las necesarias medidas para fomentar una actividad. No hace mucho tiempo se presentó en la Cámara de Diputados un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo (más concretamente el Ministerio de Defensa Nacional) respondiera por qué autorizó el incremento de las tasas de embarque en el Aeropuerto de Punta del Este, manejado por una empresas que ya gozaba de una privilegiada situación.

Concretamente se estableció un aumento del 50 por ciento en la tasa del embarque, llevando la misma a 20 dólares por pasajero. En forma paralela –según lo trascendido, también por la misma resolución del Poder Ejecutivo– se autorizó una extensión de seis años en el plazo de la concesión, exonerando además a la empresa titular de dicho aeropuerto de la obligación de instalar equipos de apoyo para operar en condiciones climáticas adversas, canjeando esa obligación por una suma de 500 mil dólares que se pagará a la Dirección de Infraestructura Aeronáutica, en cuotas.

Queremos creer que este inopinado decreto fue consultado en su oportunidad con el Ministerio de Turismo, pues a ojos vista la fecha en que se autorizó este incremento, que no es nada pequeño, aparece inapropiada. Justamente en el inicio de la temporada turística los pasajeros deberán pagar por utilizar el aeropuerto la suma de 20 dólares, que es similar a la que se paga en los más importantes aeropuertos del continente los que cuentan, a diferencia del de Punta del este, con la mayoría de los adelantos técnicos, muchos de los cuales aquí no se instalarán, porque el Poder Ejecutivo así lo autorizó.

Posteriormente se conocieron las resoluciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, aceptando modificaciones contractuales para distintos concesionarios de tramos de rutas nacionales, contraviniendo lo establecido por el Tribunal de Cuentas que, en varios dictámenes, estableció que estos cambios en las obligaciones contractuales son ilegales. Y la cosa sigue como si no pasara nada. Ahora el Ministerio, comandado por Lucio Cáceres, acepta otra modificación de contrato, la del concesionario de la ruta 8.

¿En qué país estamos? Estos son nuevos ejemplos de las privatizaciones con las que el gobierno quiere hacer progresar al país. Todos los beneficios son para los concesionarios, a los que se les permite hasta modificaciones que contravienen los lineamientos legales.

Parecería que siempre es el Estado, de acuerdo con el pensamiento de estos señores, es el que debe salir a salvar a quienes colocan capital, que debería ser de riesgo, en emprendimientos que fueron concesionados para ser explotados por los privados. Siempre se está borrando con el codo lo que se escribe con la mano, que además se convierte en teoría y en ideología que se difunde a diestra y siniestra. Pero, cuando las cosas van mal, las pérdidas se socializan y pagan no solo los usuarios, por un caro y deficiente servicio, sino todos los uruguayos.

El caso de la modificación del cobro de los peajes es paradigmático. No sólo son peajes caros, medidos en dólares y comparados con los que se pagan en las carreteras de Argentina y Brasil, sino que las obras que se han realizado, en un análisis costo   beneficio, son de dudosa calidad. Ni las carreteras están bien, ni tampoco el aeropuerto de Punta del Este cuenta con el instrumental adecuado, por ejemplo, para un acercamiento en un llamado «vuelo a ciegas».

Sin embargo los sufridos usuarios debemos pagar y pagar, en el marco de un mecanismo que, pese a ser oneroso, no ha mostrado su eficacia. *