Una cuestión de proporciones

Sería adecuado a esta altura de los acontecimientos que el gobierno, en materia económica, explicara sus prioridades. Por ejemplo aclarar cuántas veces más, por ejemplo, destinó recursos públicos al «salvataje» del sistema financiero, que a obras sociales o de infraestructura. ¿Tres, cuatro, doce, quince veces? Claro, reclamar esto, es como buscar peras en el olmo.

Claro, la respuesta la conocemos todos. La prioridad absoluta del gobierno, para lo que destinó –vía ordenes verbales– hasta el dinero destinado a pagar el presupuesto nacional, fue el sistema financiero. Todas las demás inversiones estuvieron restringidas a un máximo, cuando no reducidas o suprimidas.

Y saber ello parece justo, porque quienes pagamos los impuestos, quienes nos desvelamos para cumplir con la DGI y el BPS, tenemos el derecho a saber en qué proporción el gobierno definió sus preferencias, de cómo el presidente Jorge Batlle y su equipo económico decidieron comprometer el dinero de los contribuyentes para evitar una quiebra bancaria que igualmente se produjo, y meter a todos los uruguayos en un inédito proceso de crisis, caracterizado por el empobrecimiento generalizado. (Recordemos, sino, la caída del PBI durante 2002 )

Y queremos saberlo, porque evidentemente, hay utilizaciones legítimas e ilegítimas. Evidentemente el favorecer a un negocio oneroso para los uruguayos y brillante para banqueros que, cuando se modificaron algunas pautas, no tuvieron empacho alguno en desfalcar a sus propias instituciones financieras, es un tema de una ilegitimidad escandalosa, tan grave, que en alguna ocasión   esperamos que no muy lejana en el tiempo   se deba llamar a responsabilidades.

Fueron cientos de millones de dólares para tapar un «agujero» inconmensurable realizado por quienes estaban al frente de ese negocio que habían organizado, vía gobiernos anteriores, para ser funcional de actividades, generalmente mal habidos, realizados en los países vecinos. Lavado de dinero, depósitos que eran el resultado de transgresiones a las leyes tributarias, fortunas producto de «coimas», etc. Para eso estaba destinado nuestro sistema financiero apelando a un secreto bancario que para lo único que sirvió (y sirve) es para agravar, vía la aceptación de los negocios sucios, la calidad ética de nuestra clase dirigente.

Ese era su principal negocio y el gobierno, avalando los lineamientos del FMI, entró en la calesita de los recursos. El «honrar» las deudas, sólo sirvió para que los cientos de millones de dólares utilizados salieran mayormente del país rumbo a la banca norteamericana, mientras el gobierno – en el pandemonium de su derroche, reclamaba préstamos de los organismos internacionales para mantener el continuo fluir, como diría algún viejo militante izquierdista, de la «periferia al centro».

Esas deudas se «honraron», pero no las que esos bancos mantienen con los ahorristas uruguayos, quienes siguen sin cobrar un peso de lo depositado. Lo que ocurre con el Banco de Crédito es patético. Hace pocos días se anunció con bombos y platillos que se iniciaba el pago a los ahorristas, lo que se concretó restituyéndoseles el uno por ciento de lo adeudado, pese a que también   con fanfarrias y pirotecnia   se anunciara unos días antes que el Grupo Moon había pagado sus deudas.

Todo fue un gran desfalco. A la gente, que había confiado en las instituciones que luego fueron liquidadas, y a quienes pagamos los impuestos para que el país siga funcionando. Nuestro dinero fue utilizado para que la calesita armada funcionara aceitadamente y ninguno de los que Batlle cree sus amigos, protestara.

Por ello, es hora de que comience a aclararse una situación que, de lo contrario, deberá dilucidarse en el mediano plazo. En este país no va más la impunidad y menos de los que se sienten tan dueños del país que fueron capaces de hacer lo que todos sabemos. *