Impresentable posición del gobierno

Difícil encontrar una sensación más completa de inmovilismo, discontinuidad y repetición que en el discurso oficial del gobierno uruguayo sobre la cuestión de los desaparecidos.

Tanto en lo que tiene que ver con las referencias a la peripecia de la desaparición de María Claudia Irureta Goyena de Gelman, como con relación al resto de los ciudadanos uruguayos y argentinos sometidos a desaparición forzada durante el período de las dictaduras en la región.

Período en el que, para los comandos organizados y coordinados a través del Plan Cóndor, no existían las fronteras, la colaboración era estrecha y no se limitaba exclusivamente a los grupos de tareas militares y policiales que operaban contra las oposiciones democráticas y populares. También existió y en forma bien consistente por cierto, la colaboración de funcionarios diplomáticos, dirigentes políticos, seudomagistrados y periodistas que se ocuparon en fundamentar y propalar como verdades inapelables las truculentas versiones emitidas por los militares en operaciones ilegales en ese período.

Si nos atenemos al comunicado oficial de nuestra Cancillería y la comparecencia el miércoles del ministro de Relaciones Exteriores en la Comisión Permanente del Poder Legislativo, la posición uruguaya resulta difícil de sostener ante el razonamiento de un público que reflexione con criterio propio y retenga algunos de los múltiples datos que esta dilatada situación de los desaparecidos ha venido proporcionando.

La posición oficial empieza por afirmar que el problema de los desaparecidos ha sido una prioridad para todos los gobiernos democráticos desde el reestablecimiento de las instituciones en 1985.

La afirmación resulta patética. Sobre todo si –tanto el documento como la exposición oral de la Cancillería– se continúa con la lectura de la posición oficial. Allí resulta que todas las actuaciones, por lo demás con escasos resultados sustantivos, se emprendieron a partir del año 2000, casi un cuarto de siglo después de consumadas las desapariciones y quince años después de la «restauración democrática».

Y, habría que agregar, tres gobiernos y más de diez años después de sancionada por el Poder Legislativo la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, cuyo cumplimiento el Poder Ejecutivo reclama para la sociedad civil, para los familiares de desaparecidos, pero que no cumple.

Justamente es el incumplimiento contumaz de lo establecido en el artículo 4º de dicha norma por parte de los gobiernos de Sanguinetti y Lacalle lo que imposibilita hoy a la administración responder adecuadamente a las demandas del gobierno argentino.

El asunto no tiene más vueltas que esa. Tal como se entendió y se aplicó por los gobiernos blancos y colorados, lo que caducó no es sólo la pretensión punitiva, es decir la voluntad de castigar a los desaparecedores de personas, sino también el conocimiento de todas las circunstancias que rodearon a ese crimen.

La consagración de Uruguay como «paraíso de la impunidad» ha llevado a los sucesivos inquilinos de la residencia de la calle Suárez no sólo a incumplir con la obligación de investigar, ordenada por el artículo 4º, sino también a poner toda clase de obstáculos al desarrollo de las investigaciones por parte del Poder Judicial, llegando incluso a presionar descaradamente a los magistrados que tuvieron «la osadía» de pretender avanzar en el conocimiento de la verdad.

En ese cuadro, no tienen lugar las protestas prefabricadas por presunta «intromisión en los asuntos internos del país» por parte de las autoridades argentinas o de violación de nuestra soberanía.

El dar cuenta de la verdad sobre la suerte corrida por una persona desaparecida no es una cuestión comprimible en los diferendos reales o inventados entre las administraciones o los servicios diplomáticos. Hay que dar respuestas serias y verdaderas porque se trata de asuntos cuyo contenido humanitario nadie está en condiciones de ignorar ni de empañar. *