Turismo: una temporada auspiciosa

Mientras las autoridades y los operadores y empresarios turísticos anuncian exultantes el éxito de la temporada actual, hay otros que parecen decididos a sabotearla.

Nos referimos en primer lugar a esa costumbre nefasta –integrante de la llamada «viveza criolla», aunque en rigor debería considerarse una imbecilidad universal– de muchos comerciantes de aprovechar la zafra de verano de modo tal que los ingresos obtenidos en temporada les permitan vivir el resto del año. Es así que día a día nos enteramos de los precios exorbitantes que deben pagar los turistas, sobre todo en Punta del Este. Desde un simple café hasta una cena; desde un paquete de arroz hasta una botella de vino pasando por frutas y hortalizas, los precios en algunos comercios de nuestro principal balneario duplican y hasta triplican los normales de Montevideo.

Es explicable que las empresas cuyo mercado está constituido por turistas, traten de sacar el mayor partido posible a los meses de verano, cuando se produce la llegada en masa de veraneantes. Pero no es ni ético ni comercialmente aconsejable practicar aumentos injustificados y abusivos. Por otra parte, los veraneantes que eligen Punta del Este para pasar sus vacaciones no son tontos (si lo fueran, no dispondrían de medios para viajar) y se niegan, con razón, a ser groseramente esquilmados.

Con esta política comercial de pequeñas miras pueden aumentarse los ingresos en una temporada. Pero es la forma más segura de ahuyentar al turista y de que en el largo plazo los comerciantes que hoy celebran su «viveza», lleguen a la quiebra.

Por otro lado, desde otros organismos estatales también se ponen palos en las ruedas al normal desarrollo del turismo. Nos referimos al cobro del peaje también al retorno, una decisión del MTOP no solamente polémica, sino que no ha recibido más que críticas; salvo el titular de la cartera y su subsecretario, ninguna voz se ha oído para defender o justificar el desatino cometido. Por el contrario, todo el espectro político, el Tribunal de Cuentas, la Policía Caminera y la sociedad civil en su conjunto han expresado su posición contraria, entre otras razones de peso, por los inconvenientes que se presentan al retorno, con largas colas de turistas.

Teniendo en cuenta que la red vial uruguaya está lejos de presentar las características de comodidad y de seguridad que brindan las autopistas en otras comarcas, resulta injustificado el celo de la empresa concesionaria en controlar estrictamente que ningún automovilista pueda evadir el pago del peaje.

Pero menos explicable aun es la solidaridad puesta de manifiesto por el ministerio para con la empresa. Esa causa común entre un organismo estatal y un privado no encuentra justificación alguna. Es cierto que los ministerios tienen a su cargo áreas específicas que los condicionan a atender aspectos técnicos. Pero no es menos cierto que tales secretarías de Estado tienen también un componente político (no en el sentido de política partidaria) innegable. Este aspecto político no debe jamás subsumirse a lo meramente técnico sino que ambos aspectos de una gestión ministerial deben observar un riguroso equilibrio para que ninguno de ellos prevalezca sobre el otro.

En el caso del cobro de los peajes carreteros, el ministerio debería rever su decisión atendiendo a los sólidos argumentos en contra que han expresado casi unánimemente dirigentes políticos de todos los sectores.

Esperemos que la anunciada presencia del subsecretario de Transporte y Obras Públicas en la Comisión Permanente del Poder Legislativo –convocado por el diputado aliancista Carlos González Alvarez– permita conocer los motivos, hasta ahora ocultos, de tanta obcecación en mantener una medida desacertada. *