Batlle y los desaparecidos en Argentina

Las declaraciones formuladas el pasado jueves por el Presidente de la República ante las acciones judiciales anunciadas por el gobierno argentino denotan la misma superficialidad, la misma inconstancia, la idéntica actitud de atención intermitente que parece ser el rasgo más estable de la personalidad de nuestro primer mandatario.

Esa discontinuidad va normalmente unida a otro rasgo que también conoce las rutinas de la repetición: la búsqueda de la declaración efectista, espolvoreada con razonamientos pretendidamente ingeniosos y claras resonancias demagógicas.

Pretender retrucar al presidente Kirchner, exhibir el dato de nuestros «ochenta uruguayos desaparecidos en Argentina», como réplica a las demandas de investigación sobre la situación de María Claudia Irureta Goyena de Gelman, es una actitud verdaderamente irresponsable, una respuesta de ocasión, para salir, frívolamente, de la trampa en la que el gobierno se ha metido.

La invocación a los ochenta desaparecidos uruguayos en Argentina resulta triste y patética. Ni este ni ningún otro gobierno uruguayo, ni durante la dictadura ni después, hizo absolutamente nada en serio para avanzar en el conocimiento y la solución al grave problema.

La situación, lógicamente, es más grave para los gobiernos que invocan su legitimidad democrática y su inserción en el sistema de acuerdos y compromisos establecidos por el derecho internacional y el sistema de relaciones hemisféricas.

Tal como lo hicieron los gobiernos militares, Sanguinetti, Lacalle y Batlle, hicieron caso omiso a las obligaciones que emanan del Pacto de San José de Costa Rica, que establece la desaparición forzada de personas como delito permanente, que no prescribe y que no puede soslayarse con artilugios de ocasión.

La desaparición de nuestros compatriotas en Argentina ha sido ya examinada en los ámbitos judiciales argentinos. De esas actuaciones, algunas hace casi veinte años, se derivaron pedidos de extradición de varios de los integrantes del grupo de tareas que operó en Automotores Orletti y en otros establecimientos clandestinos de detención, tortura y asesinato de personas.

Esos pedidos de extradición fueron bloqueados por el Poder Ejecutivo uruguayo, como posteriormente fueron trabadas las solicitadas por la Suprema Corte de Justicia en el caso de Eugenio Berríos.

Los expedientes estudiados por los magistrados argentinos se han basado en la más cuantiosa y calificada colección de testimonios. Relatos cuidadosos e inteligentes que también –y en primer lugar– han sido puestos por parte de los familiares de desaparecidos en manos de las autoridades uruguayas.

Ha sido la obcecada actitud de los sucesivos gobiernos uruguayos, de incumplimiento de la ley, de olímpico desdén hacia los tratados internacionales, que ha impedido avanzar en el conocimiento del destino de nuestros compatriotas desaparecidos sobre los que ahora el presidente se golpea el pecho y llora lágrimas de cocodrilo.

Y lo ha hecho para asegurarle la impunidad a los intocables integrantes del grupo de tareas capitaneado por José Gavazzo y sus secuaces.

La decisión de Batlle de forzar una vez más la mano e incluir la desaparición de María Claudia bajo el manto protector de la Ley de Caducidad, decisión arbitraria e impresentable en términos jurídicos, es lo que ha conducido a este callejón sin salida.

Es que, en su arrogancia contumacial, el Presidente uruguayo no ha comprendido que los tiempos han cambiado y cada vez resulta más difícil seguir manteniendo a este país como la patria de promisión de la impunidad. Especialmente cuando en el resto de la región soplan los vientos de la verdad y la justicia. *