Prioridad de la educación en un gobierno popular

La semana pasada nos ocupamos de un problema que aqueja al sistema educativo en general: la enseñanza de las matemáticas. Decíamos entonces que las dificultades de aprendizaje en esa área que presentan los estudiantes –y las deficiencias pedagógicas y didácticas que ostentan algunos docentes– no son problemas nuevos sino que se vienen arrastrando desde hace muchos decenios.

Pero con ser de enorme importancia, no es éste el único desafío en materia de educación que deberá encarar un gobierno de signo progresista y dispuesto a llevar adelante un programa popular.

Cuando se abordan estos temas, resulta imposible no recordar la calidad y el prestigio que caracterizaron a nuestra educación pública hasta los años setenta. Pero sería erróneo atribuir la responsabilidad exclusiva del descalabro de la enseñanza pública al gobierno de facto, pues algunas de sus características negativas eran preexistentes al golpe de 1973.

No es improcedente recordar que antes de que se instalara oficialmente la dictadura cívico-militar, la clase dirigente se las había ingeniado para lanzar una ofensiva sin cuartel contra la enseñanza popular. La Ley de Educación General –o «ley Sanguinetti» en «honor» al ministro de Educación y Cultura de Bordaberry–, promulgada a comienzos de 1973, barrió con la autonomía de los consejos de Primaria y Secundaria, iniciando así el proceso de deterioro a esta altura casi irreversible de la educación pública. Después de consolidada la noche negra durante la cual hubimos de soportar todo tipo de desmanes y de atropellos de parte de funcionarios ineptos y complacientes, la prolija destrucción de la enseñanza continuó acelerándose.

Pero una vez recuperada la normalidad institucional, las esperanzas de que la educación pública retomara su antiguo esplendor se vieron frustradas. Es cierto que se terminó con ciertas prácticas abominables y con la persecución, y que los funcionarios destituidos volvieron a ocupar sus cargos. Pero el daño ya estaba hecho, y los docentes ya no tuvieron participación orgánica en las decisiones de los organismos de la educación.

Sería deseable que se convocara a un gran debate nacional sobre educación donde se oyeran las opiniones de los verdaderos especialistas en la materia. Un debate fundamentalmente acerca de cuáles son los fines de la educación; hacia dónde debe apuntar la formación de los jóvenes, qué objetivos se persiguen y cuáles son los medios idóneos para alcanzar esos objetivos.

Hasta ahora ha prevalecido el punto de vista pragmático y «realista» –en un todo de acuerdo con la globalización neoliberal y posmoderna– según el cual se busca formar (?) individuos aptos para competir entre sí. La tendencia es a lograr especialistas en diversas áreas compartimentadas, que puedan desempeñar correctamente su papel de peones eficaces, de meros engranajes de una maquinaria creada por el poder económico mundial.

De ese modo, se prioriza la enseñanza de ciertas destrezas como la informática, convirtiendo una simple herramienta en la panacea y el fin último de la educación. Y, lo que es peor, toda esa enseñanza técnica se efectúa en desmedro de la formación humanista que deben recibir los ciudadanos en un Estado democrático.

Ya no importa apostar a la formación de mujeres y hombres solidarios y con espíritu crítico, es decir verdaderos seres humanos. Lo que el pensamiento único propone es una sociedad de hormigas eficaces y consumidoras incapaces de elaborar un pensamiento libre.

Una ardua batalla deberá librar un gobierno progresista para desterrar esa perniciosa ideología neoliberal. *