La respuesta neoliberal a tres problemas sociales

Es ya un tema recurrente la ausencia de políticas de Estado en áreas especialmente críticas del quehacer nacional.

El doctor Batlle, de quien tanto por su trayectoria como por sus ingeniosas propuestas preelectorales podría esperarse alguna medida profunda, no parece por ahora dispuesto a otra cosa que a administrar prolijamente las cuentas públicas.

La llamada Ley de Urgencia –ya ha sido señalado en más de una oportunidad– no contempla en realidad ninguno de los problemas que el gobierno debe enfrentar con verdadera urgencia. Entre ellos, destacan particularmente tres cuyo abordaje debería ser prioritario y que no obstante no parecen preocupar al gobierno: el empleo, la salud y la enseñanza. Y la solución preconizada por la doctrina económica vigente es la misma para los tres: la desregulación, para que sea el mercado el que determine, con su lógica implacable e insensible, cómo habrá de ser la realidad del país.

El problema del empleo se presenta a primera vista como una consecuencia directa del descalabro del aparato productivo. La tasa de desempleo ha trepado en estos días al 12 por ciento, y un porcentaje mucho mayor de ciudadanos se mantiene en condiciones laborales de precariedad y de inestabilidad.

Las respuestas a este drama social deberían pasar por incentivos claros a la producción, es decir, a la reactivación del aparato productivo, al fomento de las exportaciones mediante estímulos apropiados y al fortalecimiento del mercado interno.

Sin embargo, todos conocemos cuál ha sido–y sigue siendo– la respuesta del sistema. Se apuesta a que el mercado regule la situación o se propone lisa y llanamente la rebaja salarial. Esto último es algo que ya viene sucediendo de hecho: muchos asalariados se muestran dispuestos a aceptar que se les rebajen los salarios ante el fantasma de quedar desempleados. Se pone a los trabajdores ante un dilema de hierro: o aceptan condiciones laborales desventajosas y pérdida del salario o se arriesgan a perder la fuente de trabajo. Esa es la ley del mercado, inexorable como la de la selva.

La salud está exhibiendo de manera dramática –por sus consecuencias sociales– los gravísimos problemas que arrastra desde hace demasiados años y que los sucesivos gobiernos no han sabido –o no han querido– atacar. Las instituciones de asistencia médica colectiva atraviesan la peor crisis, que las ubica en una situación límite. Y nuevamente la respuesta del gobierno apunta a que sobrevivan las más fuertes sin importar el costo social que implica la desaparición de las más débiles. ¿Se puede dejar librado a los caprichos del mercado –que es como decir a los intereses de los poderosos– algo tan esencial como la atención sanitaria de la población?

Finalmente, respecto de la educación, la apuesta parece encaminada en el mismo sentido. No solamente el equipo económico ha sido claro en cuanto a que no habrá de aumentarse el presupuesto de la enseñanza pública, sino que la tendencia es –también en este caso– a fomentar la total libertad de mercado. Esto llevará a revertir lo que fue una tradición de la que nos enorgullecíamos: la excepcional calidad de la enseñanza pública, superior en muchos casos a la que se impartía en los institutos privados. Si la dictadura tuvo la siniestra virtud de comenzar el deterioro de la enseñanza estatal, ¿se propondrá el gobierno continuar una obra decididamente nefasta?

El Estado tiene la obligación –constitucional y moral– de velar por el bienestar de la población. No debe delegar esa función en la amoralidad del mercado.