Claudicaciones públicas, daños institucionales

Bastó con que se divulgara la voluntad del juez Recarey de convocar a declarar como testigos, en la causa que se le sigue al ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco por la desaparición de Elena Quinteros, a militares retirados de profusa actuación en operativos de represión y en centros de reclusión clandestina durante la dictadura, para que desde el propio Ejecutivo, se lanzara una serie de acciones tendientes a lograr la suspensión de las actuaciones judiciales.

En ese sentido, insólitamente se ha pretendido considerar como comprendida en la Ley de Caducidad, una causa seguida contra un civil, o sea, aquello que claramente y desde cualquier punto de vista, no está abarcado por la mencionada norma.

Se interpusieron, además, recursos y cuestionamientos de distinta índole, sobre la actuación del magistrado, con la única finalidad de desactivar la citación de los militares retirados.

Una vez confirmadas y no atendidas las citaciones, la prescindencia, al momento de cumplir con la obligación de conducir a los convocados, configuró una muestra más de debilidad y de claudicación política del ejecutivo, que permitió, con el paso de los días, especular acerca de la existencia de un conflicto de poderes, de desacato, del misterio del acuartelamiento y del consiguiente daño institucional para el país.

El repentino e imprevisto regreso del juez Cavalli de su licencia médica, para reasumir la titularidad de la causa, permitió desactivar el conflicto planteado, desplazar definitivamente a Recarey de la investigación y darle una salida al callejón, donde el Ejecutivo decidió encerrarse de forma absurda.

La voluntad y decisión de Cavalli de reasumir la titularidad, sólo tuvo cinco días de duración, que fue el tiempo que tardó en retornar a su licencia médica, dejando el caso en una nebulosa, y al Poder Judicial como participante directo de un episodio lamentable, donde gratuitamente se ha dilapidado credibilidad e independencia.

¿A pedido de quién regresó fugazmente Cavalli, con la finalidad de desactivar la actuación de Recarey?

No lo sabemos. Pero que ese fue el único resultado tangible de su retorno es un hecho.

Flaco ha sido el aporte para la imagen del propio Poder Judicial, del cual lo único que se esperaba era que siguiera adelante con la causa de forma independiente, sin ninguna necesidad de asumir el papel de moderador de problemas políticos institucionales, que no pertenece a su cometido y donde lejos de brindar servicios destacados, termina dañándose a sí mismo, brindado una solución tan pobre como evidente.

Parece que en Uruguay, la denominación «daño institucional», constituye la frase mejor acuñada, al momento de definir los perjuicios que le infligen las autoridades a sus propias instituciones, cuando la claudicación se manifiesta como renuncia a responsabilidades fundamentales, justo en aquellos temas que demandan la mayor solidez y solvencia, ya que representan heridas de profunda sensibilidad social.

En todo caso, la propia endeblez, antes que evitar, confirma el daño institucional; que se eleva, manifiesto, cuando el Ejecutivo parece decidido a establecer que el territorio correspondiente al Batallón No.13, se encuentra fuera del alcance de la Constitución de la República y se erige como una nueva representación del oprobio y la impunidad.

Cuando, a partir de su alarmante debilidad política, nuestro gobierno está pasivamente dispuesto a aceptar que existen ciudadanos de significativos antecedentes, que han resuelto de por sí, ubicarse por encima de la ley, ya que habiendo sido convocados a declarar meramente en calidad de testigos, igual, se arrogan el derecho de negarse a concurrir.

Cuando, definitivamente, por parte del Ejecutivo, se ha entendido como más indicado el mirar hacia el costado o el enviar una guiñada cómplice al rebelde capricho de la tradicional casta antidemocrática, antes que acometer el camino del compromiso institucional, de la reafirmación democrática y de la garantía ciudadana al estricto cumplimiento de las leyes.

¿Qué es lo que se esconde en realidad en el predio del Batallón Nº13? Es la pregunta que surge cada vez con más fuerza, al verificarse la rigurosidad con que el gobierno, sistemáticamente, intenta obstruir e impedir toda posibilidad de que prospere cualquier investigación que permita comprobar la existencia de restos humanos sepultados en el área de la mencionada unidad militar.

Mientras el ministro de Defensa se declara ofendido y suma su siempre fácil y locuaz concurso a la política del encubrimiento, cuando desde distintas partes se denuncia que en el predio militar podría encontrarse un cementerio clandestino de uruguayos abatidos por las fuerzas de la represión durante el régimen de facto.

Es el mismo secretario de Estado que ha declarado en más de una oportunidad que no le consta que haya existido, en ningún momento, el acuartelamiento de los militares retirados citados a declarar. Aunque, sin embargo y sin ningún desmentido, en la edición del jueves 18, un semanario publica con detalles, la unidad militar y las condiciones en que fueron acogidos los convocados, hasta el día mismo en que les fue confirmada la suspensión de las citaciones.

Por lo visto, no se escatiman recursos, o mejor dicho, no se le ahorran, al deterioro terminal de la imagen y credibilidad del gobierno, nuevos ridículos y renovados bochornos, legales y políticos, dirigidos hacia el vano y vacío objetivo de terminar este período, evitando que se conozca el paradero de esos restos, sin que se descubra nada más, cumpliendo solamente con la irracional y acostumbrada venia de cobertura política comprometida a un bolsón nostálgico y enfermizo, minoritariamente enquistado en nuestra casa militar.

Desde esa óptica, desde ese pobre intento, es que resulta admisible para nuestro mandatario, exponerse y exponer al gobierno nacional al daño institucional que supone el inaudito ridículo de haber incluido el caso del esclarecimiento del paradero de los restos de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman, dentro del marco comprendido por la Ley de Caducidad.

Una joven de 19 años, argentina, sin militancia política, que estando embarazada, fue secuestrada en la vecina orilla y trasladada a nuestro país por agentes de la dictadura uruguaya, que permaneció detenida hasta el nacimiento de su hija, y fue posteriormente ejecutada por las mismas fuerzas que la detuvieron. Este es el caso que ha sido considerado por el Presidente de la República, como comprendido dentro de la Ley de Caducidad, en una decisión que ha avergonzado a todos los uruguayos y a cualquiera que tenga alguna reserva de valor y sensibilidad.

Y por ello, también resulta perfectamente asumible el sumar un nuevo bochorno al ya bien provisto legajo de penosos desencuentros generados en el relacionamiento con el gobierno del país vecino, desatendiendo una solicitud política formal de parte del Ejecutivo de Kichner con respecto a la búsqueda de los restos de esa ciudadana argentina.

¿Qué es lo que se pretende ocultar? ¿Representa un asunto de Estado para el gobierno uruguayo evitar el esclarecimiento de la ubicación de los restos de María Claudia y de Elena Quinteros? ¿Cuál es la gran causa que inspira ese tipo de actitud?

O quizás, directamente, la definición es evitar de cualquier manera toda búsqueda en el batallón Nº13, temiéndose que pueda conducir al hallazgo de que lo que hay allí enterrado es mucho más de lo que se presume en primera instancia.

De otra manera, semejante indignidad resultaría poco imaginable como objeto a instrumentar políticamente.

Atrapados en el sinsentido, esperan ambos casos, y la esperanza de muchos
uruguayos, de recobrar la dignidad institucional, que permita cerrar heridas, a través de un gesto de elemental humanidad, como lo es la entrega de los restos de estas dos mujeres a sus familiares.

Hasta tanto, el gobierno vivirá en el penoso dilema de tratar de impedir lo inevitable, agregándole más capítulos de mediocridad a la historia de su pobre período, hasta que el absurdo cultivado se haga polvo, frente a la llegada de un nuevo gobierno que, mejor provisto y mejor dispuesto, resuelva con valor lo que de forma insostenible se ha postergado hasta el momento. *