Ante el nuevo desatino

El papel que está desempeñando el doctor Carlos Ramela como vocero del presidente Jorge Batlle ha contribuido a embretar al gobierno en un nuevo desatino. Que un funcionario, que fuera presidente de la Comisión para la Paz, sea el encargado de hacer el «trabajo sucio» que Batlle no se anima a concretar es un hecho éticamente gravísimo.

Porque Ramela, utilizando un lenguaje también lamentable, lanzó una andanada de diatribas contra Kirchner, sabiendo que esas afirmaciones despertarían una lógica indignación en la vecina orilla. Nada menos que un funcionario del gobierno de Jorge Batlle, que se niega a investigar dónde están los restos de la nuera del poeta Juan Gelman, se presta a complementar la provocación que significa designar como agregado militar en la embajada uruguaya en Buenos Aires a un «torturador salvaje», presuntamente autor del asesinato de dos ciudadanos argentinos.

Este asesor presidencial sustituye ahora a Batlle en los desatinos políticos que cometió durante todo su mandato, insultando a las argentinos, a los que igualó con la frase «son todos ladrones», que trató de poner trabas en el desarrollo del Mercosur trabajando en contra de los intereses del país y siendo un ariete de EEUU, que quiere imponer el ALCA a sangre y fuego, con la complicidad implícita y explícita del gobierno uruguayo.

Hay quienes señalan que por el bien de las históricas y siempre cordiales relaciones entre los dos países, «hay que bajar la pelota al piso», llegar a acuerdos de convivencia y volver a la situación anterior. Pero, nos preguntamos: ¿qué situación anterior? ¿Anterior a la definición de Batlle de que el caso de la nuera del poeta Juan Gelman estaba incluido en la Ley de Caducidad? ¿Anterior a la designación del militar acusado de torturador como agregado militar uruguayo en Buenos Aires?

Lo que parece más difícil es que el gobierno argentino, luego de los antecedentes del presidente Batlle, dé un paso atrás y resuelva desactivar una ofensiva que, de no haber rectificaciones, puede determinan contingencias especialmente desfavorables para Uruguay, especialmente cuando está comenzando la temporada turística.

Sería importante determinar las razones profundas de estas desavenencias que, obviamente, tienen un contenido político. Que Argentina y Brasil estén intentando rearmar un Mercosur potenciado con la incorporación del CAN, lo que significaría ampliar el mercado regional a 350 millones de personas, se contrapone a la idea de EEUU de concretar el ALCA, «carro» al que se sumó nuestro gobierno de inmediato.

Alguien podría preguntarse por qué esta virulencia antiargentina. ¿Locura, equivocaciones? No lo creemos, ya que Batlle y sus compañeros de gobierno no se han equivocado nunca en su política genuflexa con los EEUU, bloqueando resoluciones en el tema de Irak, propiciando una condena a Cuba que derivó en una ruptura de relaciones con la isla, declarando que el Mercosur es responsable de la caída de la industria nacional y cientos de etcéteras más. Una funcionalidad a los intereses de EEUU que ahora se expresa con nuevos desatinos, los que paulatinamente han ido aislando al país y que pueden contener una intención de desarticular el Mercosur.

En el tema de la defensa de los derechos humanos las diferencias son agudas. Los desencuentros se suceden y lo insólito de la posición uruguaya es que se multiplica porque colisiona con un concepto que es multinacional: el de que los delitos de lesa humanidad, como los que se han cometido en el Uruguay, no prescriben. *