La reforma sobre la cual no se habla

En función de los datos de la realidad, resulta imposible negar que el modelo económico, defendido a ultranza por las fuerzas políticas que posibilitaron el acceso al doctor Jorge Batlle a la Presidencia de la República, ha fracasado rotundamente. Y en este contexto, donde las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la gente se han deteriorado con una intensidad sin precedentes en la historia del país, no queda otra alternativa que rectificar rumbos, para que la Nación comience a salir de esta postración social, moral y financiera a que nos ha conducido el catecismo neoliberal.

De más está decir que la responsabilidad de que estemos insertados en este escenario – donde sólo obtienen dividendos las actividades especulativas, los propietarios de grandes patrimonios, y los que se encuentran al margen de la ley – es de quienes le dieron la espalda a los sectores productivos, privilegiando al sistema financiero con las tremendas consecuencias que sufre el pueblo.

Y como se presumía, ante las contiendas electorales del año próximo y fiel a la estrategia de Poncio Pilatos, muchos de los responsables del inmovilismo que atenaza a nuestra economía pretenden sutilmente trasladar todas las culpas del caos que vivimos al Partido Colorado; pero la gente no olvida a quienes desde el Parlamento facilitaron con sus votos las políticas de ajustes fiscales, sin acompañarlas de medidas para procurar el crecimiento de la riqueza genuina que tiene el país. Parecería que la crisis que nos comienza a golpear duramente en la década de los 60, con sus graves derivaciones en el marco institucional – cuyas heridas siguen sin cerrarse, – de nada sirvieron a las administraciones que se suceden a partir del 1/3/1985, pues en 18 años no se da un solo paso para modernizar nuestras estructuras agrarias.

Y en esa dirección, resulta inexplicable que cuando no menos del 70 por ciento de las exportaciones están representados por bienes naturales o procesados que provienen de la tierra, los gobernantes de turno se hayan olvidado de la función social que la misma cumple en una comunidad democrática.

Si revisamos la legislación nacional a partir del primer gobierno del doctor Sanguinetti hasta el presente, no encontramos ninguna ley reglamentaria de los arts. 231 y 232 de la Constitución, que, como se sabe, fueron consagrados con la finalidad de combatir el latifundio improductivo que tanto daño ha causado a la República. De manera que los planes y programas de desarrollo que legitiman esas disposiciones para transformar el medio rural y conferirle las herramientas para alcanzar los niveles productivos de las naciones del primer mundo, han brillado por su ausencia por la fuerte oposición de los círculos conservadores, incrustados en la dirección de las colectividades históricas.

Pero esta filosofía regresiva de estimular el acaparamiento de tierras por núcleos selectivos -en porcentajes que por su dimensión atentan contra los intereses de la patria- queda al descubierto cuando comprobamos que las administraciones del triunvirato Sanguinetti-Lacalle-Batlle, nada hizo para fortalecer y dinamizar el Instituto Nacional de Colonización, creado precisamente para promover una racional subdivisión y adecuada explotación de los 17 millones de hectáreas productivas que tiene el país.

Ello habría impedido la brutal despoblación de la campaña, la desaparición progresiva del trabajador rural, el crecimiento de cantegriles, y –lo que es imperdonable– se le ha negado al Uruguay ser un potencial productor de bienes industrializados y alimentos naturales, en un mercado que no puede prescindir de ellos.

Los mismos que viven invocando a Wilson Ferreira con la finalidad de capitalizar las simpatías de quienes idealizan su figura, no vacilaron en sumar sus votos para transformar en ley el proyecto que permite a las sociedades anónimas con acciones al portador adquirir predios rurales, derogando la prohibición que fue su bandera en 1967, para vedar que las multinacionales se apropiaran de nuestra tierra.

Pero además guardan silencio sobre las Reformas de las Estructuras Agrarias que propició en 1964, cuando era ministro de Ganadería y Agricultura, con el objetivo de evitar la desaparición de los pequeños y medianos productores, propósito que no estuvo ausente en las elecciones de 1971 en el documento rotulado «Nuestro compromiso con usted».

Como viene de verse, en octubre de 2004 tendremos que cambiar todo, pues de lo contrario se afianzarán un país sin futuro y una juventud sin esperanza. *