La gente está primero

l panorama nacional muestra un agravamiento de la situación social.

El desempleo se empina nuevamente a un 12%, a nivel abierto, a lo que se suma la precariedad y la informalidad.

Mientras tanto, el gobierno impulsa una Ley de Urgencia que no contempla las reales urgencias.

Como bien dice el informe parlamentario en minoría del Encuentro Progresista-Frente Amplio, no se tiene en cuenta el mantenimiento del poder adquisitivo de los funcionarios públicos, ni la adecuación de las jubilaciones menores a un salario mínimo (sic), ni la elevación de los topes jubilatorios, ni la mejora del seguro de desempleo para los trabajadores mayores de 50 años, ni la disminución de las tarifas públicas, ni la ampliación del régimen de devolución de impuestos para los exportadores, ni el incremento de la inversión educativa hasta alcanzar el 4.5% del PBI, ni la rebaja de los tiques del mutualismo, ni la supresión de las sobretasas en el Impuesto a las Retribuciones Personales.

Este proyecto es la primera prueba demostrativa de que las promesas preelectorales quedarán en la cuenta del olvido.

El nuevo ajuste fiscal encubierto, aumento de los combustibles con un alto componente fiscal, acentuará los factores recesivos. (Ya se debió adecuar a la baja la proyección del crecimiento del PBI en el 2000, de 2.5% a 2%).

El mercado del trabajo ha experimentado un deterioro y las medidas gubernamentales afectan en forma adversa la distribución del ingreso.

Se insiste en un patrón de desarrollo concentrador y excluyente en lugar de un crecimiento económico estable y dinámico y por ello más competitivo, más integrador en términos sociales y sostenible en términos de medio ambiente.

Cuando en lo social asistimos a un agravamiento en los índices de violencia y desintegración, el modelo económico-social vigente no se acompaña de esfuerzos sustanciales por construir tejidos sociales que permitan desarrollar una sociedad más integrada.

Sobre el tema de empleo, la Ley de Urgencia lo único que plantea es la reducción de aportes patronales, de dudosa eficacia, ya que no está ligada la creación de empleos.

A ello debemos sumar la reducción de la Inversión Pública, de un 20% sobre los niveles de 1998, con fuerte impacto recesivo en las ramas de la construcción.

En cuanto a la reanudación de los cursos de recapacitación de la Junta Nacional de Empleo, interrumpidos por resolución arbitraria que afecta a miles de trabajadores, se está muy lejos de la demanda.

El empleo está en el centro de las preocupaciones de la población.

Por ello la Central de Trabajadores ubica en primer lugar de la plataforma de su justo paro del próximo 8 de junio la consigna de trabajo para todos.

Las señales que envía el gobierno son negativas. Ninguna medida de reactivación del empleo, agravado con la recomendación de bajar salarios, tanto en el ámbito público como privado, para mayor beneficio de ciertos sectores patronales y reducción del déficit fiscal.

La cifra de desocupados está en torno a los 165.000 habitantes de la Población Económicamente Activa. Para los niveles poblacionales uruguayos es muy alta. Nadie puede creer que las leyes del mercado espontáneamente lo resuelvan. Por el contrario, si se las deja actuar libremente, sin regulación del Estado, los resultados serán baja salarial y alta tasa de desocupación.

Los estudios modernos exigen la creación de empleos de calidad como parte de una dinámica de desarrollo con equidad.

Este es un «talón de Aquiles» del proceso de «reformas» recomendado por el FMI.

La generación estable de empleos que cuenten con una adecuada protección social debe convertirse en foco de fundamental preocupación de un verdadero diálogo social entre trabajadores, empresarios y gobierno.

La flexibilización laboral no es una panacea a los problemas del desempleo.

Una cosa es lograr una mayor adaptabilidad de las empresas y sus trabajadores al cambio tecnológico y al ciclo económico, pero otra muy distinta es creer que se pueden revertir los efectos que tiene sobre la generación de empleo una política macroeconómica que resulta en un crecimiento económico inestable e insuficiente. La ciencia económica se propone superar la definición restringida de «estabilidad macroeconómica» y volver a incluir dentro de este concepto las metas reales del manejo macroeconómico (crecimiento económico y empleo).

Aquí aparece una diferencia sustancial, mientras el equipo económico aplica políticas procíclicas, que acentúan el ciclo recesivo, las fuerzas progresistas impulsan políticas anticíclicas activas, que apuestan al crecimiento de largo plazo, a fortalecer la estructura productiva y a mitigar los efectos sociales de la recesión.

* Dirigente de ConFA