Se cierra el cerco

Cuando aún no se han acallado los ecos del reciente conflicto de Poderes –originado en la convocatoria judicial a ciertos militares retirados y el anunciado desacato de éstos–, el gobierno de Jorge Batlle, complaciente con los uniformados, enfrenta nuevas situaciones incómodas.

La presencia del presidente argentino Néstor Kirchner no es precisamente grata para el nuestro. La relación entre ambos mandatarios se ha caracterizado por una sucesión de entredichos, malentendidos, rectificaciones y aclaraciones que dejaron en evidencia una muy dudosa sintonía. Son notorias las divergencias en temas trascendentes: la valoración del Mercosur, la postura frente a la deuda externa, la política exterior, la política económica y la política de derechos humanos.

En este último aspecto, los roces y desencuentros han sido especialmente irritantes. Kirchner se ha plantado con firmeza en su reclamo por conocer el destino final de la ciudadana argentina María Claudia García, al punto que ha dado rango de cuestión de Estado a la investigación sobre la nuera del poeta Juan Gelman.

La reunión de presidentes del Mercosur que se desarrolla por estos días en Montevideo ha servido para que el urticante asunto recobre todo su vigor y represente otro dolor de cabeza para el doctor Batlle, apenas repuesto del que significó el emplazamiento judicial a militares en retiro.

Por si esto fuera poco, desde Paraguay se ha librado un pedido de extradición contra otro militar uruguayo acusado de la desaparición de dos compatriotas en Asunción, en el marco de la Operación Cóndor. Otro enojoso contratiempo para los guardianes de la impunidad militar, anfitriones de la cumbre presidencial.

A diferencia de la actitud complaciente y sumisa de las principales figuras de los partidos tradicionales uruguayos, que consagraron la impunidad y mantienen una férrea defensa de los terroristas de estado, el Parlamento paraguayo aprobó la creación de una Comisión de Verdad y Justicia con el cometido de investigar las violaciones a los derechos humanos y promover el enjuiciamiento de los responsables. En el informe elaborado por Roger Rodríguez y publicado en nuestra edición de ayer, queda claro el propósito de las autoridades paraguayas de que los militares señalados como responsables concurran a prestar declaración, conducidos por la fuerza pública de ser necesario.

Cuando en nuestro país los gobernantes realizan febriles diligencias para impedir la comparecencia de algunos militares ante una sede judicial en carácter de testigos, es reconfortante enterarnos de que en otros países hermanos la impunidad no ha triunfado y que el círculo empieza a cerrarse. Al mismo tiempo, nos invade un sentimiento como de vergüenza ajena por la actitud cobarde de nuestros líderes políticos conservadores; porque resulta lastimosa la actitud de los gobiernos democráticos que se sucedieron desde el fin de la dictadura.

En fin, sea como sea, es gratificante advertir cómo, a pesar de la tenacidad gubernamental por proteger a los terroristas de Estado, se va descorriendo el velo para que la verdad resplandezca y para que se abra paso la justicia. *