Ahora la presión es sobre el Parlamento

La servicial actitud del Poder Ejecutivo, deseoso de evitar toda molestia por mínima que sea a los militares citados como testigos en sede judicial, lo ha conducido, de crisis en crisis, a forzar la mano con la institución parlamentaria.

En pocas horas la situación amenaza con constituirse en una especie de récord histórico: con febril ajetreo, el Presidente de la República y su ministro de Defensa parecen no tener otra actividad que la de evitar esas comparecencias ante un magistrado.

El desborde de autoridad hacia los restantes poderes del Estado ha roto con el mentado “equilibrio de poderes”, condición imprescindible para la vigencia de las garantías del “Estado de derecho”.

En el momento en que escribimos estas líneas no se conocen los resultados de las entrevistas que en la jornada del domingo llevó a cabo el senador Francisco Gallinal, perteneciente a Correntada Wilsonista del Partido Nacional.

Curiosamente, mientras que LA REPUBLICA y El Observador dan cuenta de la realización de una entrevista con el ministro de Defensa, Yamandú Fau, el diario El País, actuando una vez más como vocero y operador del sector irreductible de los ex militares intocables, agrega que el senador nacionalista se habría entrevistado con el comandante en jefe del Ejército, teniente general Carlos Daners.

De confirmarse esta información daría una muestra más de cómo el poder, tan lerdo en la atención de otro tipo de problemas, sabe avanzar con bota de siete leguas cuando de ocultar se trata.

¿En qué punto nos encontramos en este insólito contencioso del Poder Ejecutivo enfrentando a todos los demás poderes del sistema institucional?

Las investigaciones realizadas con relación al procesamiento de Juan Carlos Blanco por la desaparición de Elena Quinteros orientaron las preocupaciones del magistrado actuante hacia el (o los) predios de unidades militares que en los años setenta fueron sede de detención y torturas.

Se trata de determinar si efectivamente Elena Quinteros fue asesinada, aportando para la constatación de ese hecho las pruebas materiales correspondientes.

En una palabra, se trata de saber si existen o han existido, en el período democrático, cementerios clandestinos situados en unidades militares. Y qué elementos para el conocimiento de la verdad aportaría la constatación o no de la existencia de esos yacimientos.

Sea cual sea el resultado de las gestiones del Presidente Batlle, el ministro Fau y el teniente general Daners sobre el senador Gallinal, resulta difícil para el analista despojarse de una sensación de incomodidad, de estar asistiendo al espectáculo vergonzoso de buena parte de la plana mayor del gobierno empeñada en asegurar la intangibilidad de un pequeño grupo de ex militares.

Se habla constantemente de modernizar al país, de adecuar el reloj de nuestra historia a los cambios vertiginosos que se extienden por el mundo. Pero en materia de impunidad, el reloj del gobierno y sus aliados está detenido en la prehistoria, en un período donde sólo existía la ley del más fuerte.

¿Es así como se piensa presentar al país ante la comunidad internacional?

¿Es dando muestras de un Poder Judicial acechado y amenazado?

¿De qué seguridad jurídica puede hacer gala un país donde los magistrados están bajo la presión directa y desembozada del poder político?

¿Es que acaso podemos exhibirnos como un modelo de estabilidad institucional con un Poder Legislativo al que se busca privar de sus facultades de contralor, a su voz propia y a su incidencia en el curso de los temas que importan de la política nacional? *