La "solución" al conflicto de poderes

Los «hechos de pública notoriedad» referidos a los efectos políticos e institucionales que tuvo la citación judicial a algunos militares para declarar como testigos, han causado indignación en muchos, preocupación en algunos más y confusión en la mayoría de la población.

La «salida» a una supuesta crisis institucional o conflicto de poderes –«solución» parida entre gallos y medianoche– arroja una sombra lamentable sobre la cristalinidad del proceder de algunas figuras públicas y sobre los mecanismos institucionales para resolver ciertas cuestiones. La celeridad y la vehemencia con que actuó el Poder Ejecutivo para desactivar la situación hicieron posible que quedara en suspenso la inminente conducción por la fuerza pública de los ciudadanos citados a prestar testimonio. ¿Cómo se logró el propósito? Pues sencillamente con la remoción –indirecta, sinuosa– del juez que había osado inquietar a los militares.

Vale la pena repasar de modo sucinto los hechos.

A cargo del Juzgado Penal de 1er. Turno por licencia médica de su titular (doctor Eduardo Cavalli), el doctor Alejandro Recarey –en el marco de la causa por homicidio contra Juan Carlos Blanco– cita a declarar en calidad de testigos a algunos militares que se supone podían arrojar luz sobre las circunstancias de la muerte de Elena Quinteros y la posterior desaparición de su cadáver.

Inmediata (y extemporánea) reacción del Poder Ejecutivo invocando la Ley de Caducidad, sembrando una vez más la alarma por el posible desacato, denostando al magistrado e interponiendo todos los recursos procesales habidos y por haber.

El hecho de que algunos de los citados hayan acudido a la sede judicial demostró la inconsistencia de las declaraciones alarmistas del gobierno, pero no lo hizo dar marcha atrás. Pero la firmeza exhibida por el juez Recarey le valió la demonización e hizo que todo apuntara a desvincularlo del caso como única forma de evitar la comparecencia de los militares en el Juzgado.

Cuando los plazos se acortaban, apareció un insospechado as en la manga: el reintegro precipitado, sorpresivo y sorprendente del titular del Juzgado que daba por concluida anticipadamente su licencia médica. Como era de esperar, quedaron en suspenso las citaciones y todas las diligencias dispuestas por el juez suplente.

Respiro de alivio del gobierno y de sus laderos.

Pero hete aquí que al quinto día de haberse reintegrado, el juez titular solicita nuevamente licencia médica, y otro juez –esta vez elegido por sorteo entre los suplentes– subroga al titular.

Formalmente, nada que objetar; se alejó al juez imprudente y se logró descomprimir la situación.

Siempre hemos sido respetuosos de la independencia de nuestro Poder Judicial y en varias oportunidades hemos salido en su defensa cuando las voces crispadas de la derecha lanzaban veladas acusaciones, presiones sutiles o ataques directos contra alguno de sus magistrados. Y es precisamente por ello que hoy nos permitimos señalar lo que a nuestro juicio constituye una actitud poco clara, que genera dudas y suspicacias sobre la transparencia de un procedimiento.

Es un hecho lamentable que sienta un peligroso precedente en la medida que asegura el éxito de la intromisión del poder político en un asunto judicial. *