Vigencia de las instituciones

La mini y ridícula crisis institucional que estuvo a punto de vivir el país se resolvió de la peor manera posible. El juez que trataba de establecer la verdad sobre el lugar donde fue enterrado el cadáver de la maestra Elena Quinteros fue subrogado por el titular del juzgado, en el momento mismo en que la Policía debía conducir a la sede a los militares llamados como testigos que la semana anterior habían faltado a la cita.

Todo un escándalo absurdo que algunos, quizás bien encaminados, vinculan a una acción deliberada de trasnochados «estrategas» del gobierno, que hicieron trascender un conflicto ficticio con el fin de hacer aparecer en las horas previas al referéndum, el fantasma de militares a punto de sublevarse en contra de no se sabe bien qué. Porque, en realidad, el juez Alejandro Recarey había actuado puntillosamente dentro de las más estrictas normas, sin violentar ningún artículo de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

Actuación tan ajustada a derecho que, de los cinco militares convocados, dos se presentaron, declararon aclarando posiciones, sin sentirse menoscabados ni agredidos. Uno de ellos, el marino retirado Jorge Tróccoli, que no es justamente ningún angelical opositor a la «pesada» de torturadores, en declaraciones públicas enunció una crítica menor a la actuación del magistrado, indicando que transgredía el «espíritu» del Pacto del Club Naval. De ninguna manera sostuvo, como sí lo hizo el ministro de Defensa Nacional, el ubicuo Yamandú Fau, que el juez estaba violentando lo establecido en la ley de impunidad.

La desprolijidad y la carencia del mínimo nivel político del Poder Ejecutivo en todo el trámite de este conflicto, de ridícula intensidad, hace sospechar que puede ser verosímil la versión de que se echaron a andar estrategias destinadas a fomentar el terror, elemento utilizado más de una vez por el Partido Colorado.

Por ello la instancia del martes es fundamental. El escenario propuesto por el senador nacionalista Francisco Gallinal, de «echar» literalmente a Fau del Ministerio que ocupa, quizás no sea compartido por otros sectores, más apegados al debate parlamentario y favorables a escuchar largas explicaciones de un ministro que ha perdido toda autoridad y que debiera irse.

También debería aclararse la actuación de los mandos de las Fuerzas Armadas y plenamente esa información que se maneja de que a los militares que se negaron a declarar se les dio «amparo» en una unidad militar, extremo gravísimo, violentando con esa medida elementales normas que determinan el sometimiento del poder militar al poder civil.

Por supuesto, el gobierno de Jorge Batlle no debe haber tenido en cuenta estos extremos –si los hechos son como se comentan– y es muy difícil que adopte las medidas que debiera ante otra acción destinada a afianzar la impunidad, torciéndole el brazo no sólo a la Justicia sino también al propio Poder Ejecutivo. Porque la solución a que se arribó es una fantochada de tal magnitud que agrava todo lo ocurrido.

La versión de la trasnochada estrategia es grave, bastante difícil de digerir, y vincula lo ocurrido a la incapacidad del gobierno para asumir sus responsabilidades ante un grupo de nostálgicos que no tienen medida para violentar las normas de convivencia.

Esperemos que el próximo martes, en la reunión convocada por el senador Gallinal, se informe a la ciudadanía de todos los pormenores de lo ocurrido.

Ello es necesario por el bien de la democracia. *