La última palabra es privativa del pueblo

La derogación o anulación de la ley que postulaba la privatización encubierta de Ancap, dispuesta por la inmensa mayoría del cuerpo electoral, desata muchas reflexiones. Y una de ellas –pese a sus detractores– es que el ejercicio de la democracia directa a través del recurso de referéndum implica movilizar la soberanía apelando a sus auténticas raíces, porque en rigor lo que importa es que en los grandes problemas nacionales prevalezca la voluntad del pueblo.

Obsérvese que con motivo de la reciente consulta popular, los círculos elitistas que lideran determinadas fuerzas políticas pretendieron desacreditar este medio impugnatorio consagrado por la Constitución de la República, aseverando que la gente no está capacitada para juzgar el contenido y los alcances de una ley, por tratarse de una tarea técnica reservada exclusivamente para quienes han estudiado Derecho. Y como se advertirá, con este razonamiento clasista, feudal y discriminatorio, se levanta sin decirlo expresamente, la «teoría del voto calificado» que propiciaban las aristocracias de épocas perimidas, con absoluto desprecio del principio de igualdad de las personas ante la ley, o de la sabia advertencia de que no basta estar orientado hacia el este para distinguir un amanecer.

De más está decir que estas extraviadas convicciones, provenientes de una concepción absurda de la sociedad, jamás tendrán cabida dentro del credo republicano, simplemente porque la sabiduría de las muchedumbres ha dado pruebas fehacientes de su inteligencia en la toma de grandes decisiones, como ha quedado demostrado en la defensa de las empresas públicas. Y si ello no fuese suficiente, debe recordarse que la aberrante tarea de descalificar a las personas por su origen humilde, se soslaya con tremenda hipocresía en las elecciones nacionales, porque en esta instancia los profetas del conocimiento necesitan para alcanzar el poder, el voto de quienes –según ellos– están inhabilitados intelectualmente de dilucidar los asuntos públicos.

Obsérvese que en un referéndum, el elector debe evaluar exclusivamente los objetivos de la ley que ha de plebiscitarse para legitimar su opción, mientras que en los comicios generales le incumbe efectuar un «chequeo» de todos lo programas de gobierno que exhibe el espectro partidario. De manera que de prosperar la filosofía autoritaria que difunden las voces patricias, soberbias y petulantes, terminaríamos por sustituir el sufragio universal, cuyo prólogo lo trazó Artigas en Tres Cruces el 4.4.1813 con la frase»Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana», por un marco donde sólo decidan las oligarquías de las finanzas, de la alta alcurnia que concentra la riqueza, o de los grandes apellidos que nunca han de tutearse con las causas populares.

Las otras objeciones que suelen plantear quienes detestan la participación de la gente en la revisión de las disposiciones que sanciona el Parlamento, es el abuso del recurso del referéndum contra las mismas, como asimismo los altos costos que representan para la economía nacional. Pero ambos cuestionamientos se desmoronan si tenemos presente que en las últimas cuatro décadas y ante el dictado de miles de leyes, sólo fueron impugnadas la de Caducidad en 1989, la de Empresas Públicas en 1992, y la reciente que perseguía el desmantelamiento de Ancap como patrimonio del Estado. Y en cuanto al aspecto económico, pese a que los propios ministros de la Corte Electoral lo establecieron en un millón setecientos mil dólares, los adversarios de que el pueblo sea excepcionalmente colegislador o juez de alzada, hablaban de siete millones de la divisa americana.

Como viene de verse, la madurez cívica que la ciudadanía ha alcanzado en nuestro país, revela que ha sido sumamente cautelosa en la movilización de un recurso que le permite juzgar cuerpos normativos altamente trascendentes. Y nadie puede sensatamente negar que el constituyente, previendo que el sistema político puede equivocarse o aprobar soluciones incompatibles con los intereses de la Nación, haya consagrado un mecanismo para que los titulares de la soberanía expresen la última palabra. *