Dolor por las Instituciones

Criterios propios de las más trasnochadas definiciones de los servicios de «inteligencia» estuvieron a punto de ser utilizados por el Poder Ejecutivo en contra del juez Alejandro Recarey para concretar una presunta recusación. La argumentación –según informes de prensa– habría sido haber participado en el año 2001 en un «homenaje», realizado por la Facultad de Derecho, a María Almeyda de Quinteros (Tota) y al sacerdote Luis Pérez Aguirre, que falleciera en un trágico accidente de tránsito, integrante de la Comisión para la Paz.

¿Por qué recusar a un juez en base a estas informaciones, fragmentarias y, desde el punto de vista democrático, absurdas? La verdad es que Recarey concurrió al acto –según su testimonio– invitado por la Facultad de Derecho con el fin de dar una charla de contenido jurídico sobre la temática de los derechos humanos.

Si la información que, al parecer, trascendió de las cercanías del primer mandatario, es cierta, estaríamos ante otra expresión de la más absurda pero gravísima «caza de brujas», destinada a excluir de una actuación a un juez «molesto» para el Poder Ejecutivo, que llevó adelante sin cobardías ni omisiones jurídicas un expediente que podría haber resuelto una situación de tirantez que se remonta a varios años, y que sigue manteniendo marginados de la sociedad a quienes visten el uniforme de las Fuerzas Armadas. No hablamos de aquellos que cometieron tropelías de todo tipo en nombre de un Estado despótico al que servían, quienes, al no haber pagado sus culpas, de por vida se mantendrán en la situación de «réprobos», lo que es un déficit evidente de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

Por supuesto que tienen razón quienes reclaman la inmediata dimisión del ministro de Defensa Nacional, Yamandú Fau, un lamentable personaje incapaz de imponerse al grupo de «nostálgicos» de los tiempos de plomo, permitiendo que se amparara en un cuartel a los militares que habían sido llamados a testificar por el juez.

Para peor, en una incalificable endeblez, el ministro afirmó que no tenía conocimiento del paradero de los militares citados, mientras versiones de prensa indicaban que los mismos se habían guarecido, por indicación del propio comandante en jefe del arma, en el Regimiento de Caballería N° 1, «Blandengues de Artigas».

Si lo sabía y mintió, el ministro se debe ir. Y si realmente no lo sabía, también debe renunciar, por estar incapacitado para una función que exige mano firme para el cumplimiento de reglas estrictas que hacen a la sumisión de los militares al Estado de Derecho.

La solución encontrada para poner fin a la difícil controversia entre el juez Recarey y el Poder Ejecutivo no fue la adecuada. Todos los involucrados en el tema, incluso el juez Eduardo Cavalli, saben que la solución para bloquear la acción de Recarey no le sirve ni a la Justicia, ni a la sociedad ni al país. Sólo pueden estar satisfechos algunos nostálgicos, intolerantes, que tratan de adaptar la letra de la Ley de Caducidad a cualquier extremo que afecte a uniformados.

La sustitución de Recarey fue una acción desproporcionada, infeliz y carente de inteligencia. Con la misma se le hizo mal a la propia Justicia, abriéndose un cúmulo de suspicacias: ¿por qué estos militares se preocuparon tanto por declarar en un juicio que, en definitiva, tendía a deslindar las responsabilidades de un civil?

Son temas para dilucidar. *