El Parlamento pide la palabra

La iniciativa hecha pública por el senador Francisco Gallinal, en lo atinente a la conducta del Poder Ejecutivo frente a las decisiones de un magistrado, contienen una serie de elementos de interés que vale la pena analizar.

El gesto importa cuando de lo que se trata es de una crisis o enfrentamiento entre poderes del Estado.

Y el ámbito parlamentario, de composición esencialmente democrática y funcionamiento transparente y abierto, es especialmente adecuado para un pronunciamiento terminante acerca de los fueros del, en este caso, Poder Judicial, cuyo ámbito soberano de decisiones ha sido puesto en jaque por la intervención acelerada e ilegal del Poder Ejecutivo.

Históricamente el Parlamento ha sido el escenario de debates y pronunciamientos de importancia y en su seno personalidades como Luis Hierro Gambardella, Wilson Ferreira Aldunate, Zelmar Michelini, Enrique Rodríguez, Juan Pablo Terra, entre otros, pronunciaron alegatos de excepcional fuerza conceptual y política.

Por eso importa que el escenario sea ese, con todas las posibilidades que la ciudadanía conozca paso a paso los términos de la controversia.

Y pese a que el país estuvo hasta el domingo abocado a resolver la cuestión de Ancap, el momento también es el adecuado.

Cuando el senador nacionalista señala públicamente su preocupación ante la intromisión del Poder Ejecutivo en la órbita del Poder Judicial, se está haciendo eco de las inquietudes no sólo del magistrado actuante, o de los denunciantes del secuestro y desaparición de Elena Quinteros, sino también de varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, de connotados juristas y catedráticos de la Universidad de la República y hasta del muy preciso y lúcido manifiesto publicado por los todavía jóvenes luchadores que hace veinte años protagonizaron un tramo significativo de la resistencia a la dictadura.

Estos últimos, con agudeza conceptual, reclamaron, ni más ni menos, que se ponga fin a la larga transición de la dictadura a la democracia, a una institucionalidad democrática donde no existan ambigüedades ni «bolsones al margen del imperio de la ley».

Siguiendo ese razonamiento, parece acertado poner el acento en la incompatibilidad entre la democracia y la existencia de diferencias notorias de la situación de los ciudadanos ante la ley: mientras el común de los mortales debe acatamiento y respeto a las decisiones de los jueces competentes, existe un núcleo de individuos que desde hace treinta años no se los puede convocar siquiera para una comparecencia penalmente anodina, sin consecuencias para el citado, ya que se trata de una indagatoria de carácter testimonial.

El reiterado quebrantamiento del principio republicano de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, que también ha sido la línea rectora en la conducta del Poder Ejecutivo en el caso del químico chileno Eugenio Berríos, no es sino una hendidura en la institucionalidad democrática del país.

No hay democracia plena con esta entronización, de facto, de la diferencia entre los civiles y algunos militares vinculados a las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, y hasta después de ella si incorporamos el análisis de las peripecias del chileno.

Digamos de paso que la intangibilidad absoluta que se ha otorgado a ese colectivo no tiene precedente ni parecido con la situación de otros individuos en peripecia parecida en los procesos de Argentina, Brasil, Chile y demás países de la región que conocieron en los años setenta y ochenta los padecimientos de los regímenes de terrorismo de Estado.

En todos los países nombrados ha habido investigaciones, más o menos exhaustivas, juicios y sentencias más o menos severas, pero en ninguno como en Uruguay se ha otorgado una tan extensa e intensa no ya impunidad, pues no se trata de castigo, sino de intangibilidad.

El pronunciamiento del Senado sobre la conducta del ministro de Defensa Nacional tendrá como telón de fondo esa problemática esencial para la vida institucional del país. *