La lección del referendo

Tal como lo venían anunciando casi coincidentemente las encuestadoras de opinión, la mayoría de los electores uruguayos votó favorablemente a la derogación de la Ley de Ancap.

La jornada mostró de manera palmaria que el ejercicio de la soberanía por parte del Cuerpo Electoral, tal como ésta se define en el artículo 82 de la Constitución de la República, se pronunció en un sentido contrario a la norma aprobada por el Poder Legislativo. Es un dato significativo que debería constituir un cierto llamado de alerta a todos los partidos, en particular a aquellos que apoyaron el mantenimiento de la Ley.

No por esperado, el resultado de esta convocatoria a las urnas deja de tener una enorme significación que trasciende el ámbito específico de Ancap para convertirse en el hecho político más relevante de los últimos años. La ciudadanía uruguaya no sólo impidió que Ancap realizara una asociación inconveniente para los intereses del país y de su gente, sino que, además, se pronunció categóricamente en contra de los intentos privatizadores promovi- dos por la funesta doctrina neoliberal.

Los uruguayos son críticos de las empresas estatales, pero evidentemente no avalan las «soluciones» ideadas por la derecha para «mejorar la gestión» de las mismas; eso había quedado claro ya en 1992, cuando el intento herrerista de privatizar Antel fue sepultado por una avalancha de votos.

Ahora bien: el triunfo del SI a la derogación de la Ley de Ancap va incluso más allá del rechazo a la política oficialista sobre las empresas públicas.

Como se pudo ver durante el desarrollo de la campaña, la convocatoria al referéndum fue percibida por la masa ciudadana como la oportunidad de pronunciarse sobre la gestión de gobierno.

Un gobierno que asumió en medio de una razonable expectativa de cambios y que, por culpas propias y ajenas, se fue deslizando hasta sumir al país en la peor crisis de su historia. La credibilidad de la dirigencia política conservadora ha llegado a uno de sus puntos más bajos, y el electorado vio en el referéndum contra la Ley de Ancap la posibilidad de transformarlo en un plebiscito contra el gobierno y sus aliados.

Por más que los defensores de la Ley se encargaran de recalcar que la discusión debía centrarse en la norma concreta y que en modo alguno estaba en discusión la gestión gubernamental del doctor Batlle, el ciudadano común que sufre la crisis personificó en la Ley de Ancap toda la irresponsabilidad de los dirigentes conservadores; sobre todo cuando dos líderes emblemáticos, como sin duda lo son los doctores Lacalle y Sanguinetti, fueron las figuras destacadas en la defensa de la Ley.

Este fenómeno no es nuevo. Al año siguiente de la crisis de mayo de 1968, de la que el general De Gaulle emergió como claro triunfador, éste propuso una reforma administrativa que sometió a plebiscito, anunciando que si la reforma era rechazada, presentaría su renuncia. Así ocurrió, y el veterano dirigente abandonó el Palacio del Elíseo; más allá de la reforma en cuestión, estaba evidentemente en tela de juicio la gestión gubernativa de aquel gran estadista, que supo someterse a la voluntad popular. Más cerca en el tiempo, la reforma constitucional promovida por el gobierno de facto y sometida a plebiscito en 1980 es otra prueba de lo que decimos.

Una porción considerable de la población probablemente no había leído el engendro pergeñado por los motineros y sus cómplices civiles, no obstante lo cual, no vaciló en rechazar la propuesta dictatorial como forma de repudiar al régimen cívico-militar.

En fin, sea como sea, el soberano se ha pronunciado en un ejercicio de democracia directa.

El pueblo reasumió su soberanía y fue el protagonista de la jornada de ayer, que le permitió rectificar el comportamiento de sus representantes.

De la dilatada contienda cívica, que en lo hechos se inició a principios del año 2002, en el momento en que las organizaciones sindicales y de izquierda lanzaron la campaña de recolección de firmas, surgen confirmaciones y rechazos.

Algunas fuerzas y algunas figuras políticas lograron que la mayoría de la población acompañara su valoración de la ley y del momento político. Otras, en cambio, no lograron convencer, pese a la sin duda no desinteresada hospitalidad que le brindaron los medios de comunicación, una vez más jugados al «caballo del comisario».

Este fortalecimiento de las figuras de la oposición progresista encabezadas por Tabaré Vázquez, va acompañado de otro hecho significati- vo.

Cuando dio inicio la última fase de la campaña que culminó con la jornada de ayer, algunos «cientistas» políticos trazaron sus vaticinios sobre la base de lo que definían como «la tradición del electorado uruguayo que acatan las decisiones de sus líderes políticos». Denominaban a ese indicador como el índice de «lealtad» ciudadana hacia los partidos y sus cúpulas. Visto a la luz de ese clivaje, el voto a favor de la papeleta celeste, con el apoyo de blancos y colorados y una parte del Frente Amplio, debería haber resultado ampliamente mayoritario.

Los resultados han sido bien distintos a aquel pronóstico. La ciudadanía uruguaya mostró hasta qué punto puede organizarse y acceder a una opinión propia, incluso en condiciones desiguales en el acceso a la comunicación.

Esta consistencia, esta capacidad de iniciativa y autoorganización que revela la sociedad uruguaya y sus instituciones sociales y políticas es un atributo esencial para estos tiempos. Tiempos en los cuales, junto con la necesidad de los cambios de fondo, estructurales, están en la orden del día el afianzamiento y la profundización de la democracia, el crecimiento de la participación y el compromiso cívico con los intereses del país y los desafíos de todo lo nuevo que aparece en nuestro horizonte como nación.

Para llevar adelante todo el potencial de creatividad de nuestro pueblo, para desplegar plenamente las energías nacionales, el sistema político uruguayo deberá acrecentar sus índices de credibilidad, su capacidad para aceptar lo que surge desde fuera de él, desde las raíces de la sociedad, que busca su camino y reclama soluciones.

Ante ese desafío histórico, la jornada cumplida en el día de ayer marca un punto de llegada y una señal de arranque, un punto de inflexión y un corte de aguas, una expresión clara de voluntad política donde la voz la han tenido las grandes mayorías nacionales. *