Crisis provocada por el gobierno

Instalados en medio del desarrollo de los hechos, es difícil determinar con precisión el alcance que tendrá esta instancia institucional. Es bien posible que en un tiempo cercano los analistas e historiadores recuerden estas jornadas como expresiones caricaturales, lindantes en el ridículo, de un período que agoniza en el que, desde el poder, se esgrimieron los fantasmas esperpénticos para inhibir el ejercicio de la soberanía por parte del pueblo.

El aspecto central del contencioso, generado a partir de las decisiones del ministro de Defensa, Yamandú Fau, se presenta con absoluta claridad a partir de la diáfana y elocuente argumentación expuesta por el juez Penal de Primer Turno, doctor Alejandro Recarey, en su escrito del día 4 de diciembre que LA REPUBLICA publicara en su totalidad el pasado viernes.

Apenas leído el escrito del magistrado, la pretensión del gobierno de impedir la investigación resulta demencial.

Sólo si se imagina un público infantil o con la razón paralizada por el miedo se pueden expeler argumentos como los del ministro cuando invoca a la Ley de Caducidad como medio para detener las investigaciones.

Unas investigaciones que, como bien explica el magistrado en su escrito, no están destinadas a juzgar a los militares citados en la emergencia sino a desarrollar la investigación en torno al encausado Juan Carlos Blanco, procesado por coautoría de homicidio.

A propósito de este episodio resultan ilustrativas algunas circunstancias que lo rodean.

Por momentos, parecería que, al son de una furtiva diana, como en un ritual, distintos actores pasaran a «jugar su juego». Un grotesco «Antón pirulero» donde el diario El País se convierte, una vez más, en el boletín oficial del atropello a las instituciones, inventando situaciones, exagerando las tensiones e inventando conductas trasgresoras donde no las hay.

Los escarceos golpistas de El País, su eterna disposición para servir a cualquier desplante autoritario, a cualquier desborde del poder ¿es un globo sonda?

Esta actitud, patética repetición de una conducta que arranca de muchos decenios atrás, convendría no perderla de vista a la hora de los homenajes. Los que se hacen en la Cámara de Diputados y los que no hace tanto tiempo se realizaron en el Senado de la República.

La subrepticia corneta también parece poner en histérico movimiento al tradicional autoritarismo colorado ya folclórico y minoritario en su proclividad por la camorra y el gesto tiránico.

Un aspecto central de las connotaciones políticas de este incidente ha sido captado y sintetizado con claridad en una declaración emitida el viernes por la Vertiente Artiguista, donde después de reafirmar el principio de separación de poderes, señala: «Su rechazo a manifestaciones de voceros del Poder Ejecutivo agitando un conflicto inexistente, al pretender reconstruir escenarios de amedrentamiento para desviar el curso de la Justicia».

En el mismo sentido se han pronunciado varios juristas prestigiosos como la doctora Galarreguy, el profesor Horacio Cassinelli Muñoz y el doctor José Korzeniak. También lo ha hecho en el mismo sentido, el Instituto de Estudios Legales y Sociales (Ielsur).

Los movimientos destinados a inventar, exagerar, agravar un conflicto de poderes por parte de algunos miembros del gobierno, constituyen un ataque solapado a la vigencia de las instituciones democráticas.

El gobierno no cuenta con la razón para solventar estos desplantes.

¿Acaso se cree con fuerza?

Quizá los hechos de la jornada, de esta jornada dominguera donde más de dos millones de uruguayos se pronunciarán, le permitan al gobierno, al menos indirectamente, aquilatar el «saldo disponible» en su raleada cuenta. *