Extensión de la impunidad

Para el asesor presidencial Carlos Ramela que los militares «declaren o no» en el caso de la desaparición y el asesinato de la maestra Elena Quinteros es un tema «circunstancial y menor». Grave afirmación que conlleva un patético desconocimiento de los mecanismos que sustentan a una democracia y la hacen estable y duradera.

Claro, sería un tema «circunstancial y menor» si estos señores llamados como testigos se escondieran o escaparan del país para no presentarse en la instancia judicial. Pero la gravedad del tema no pasa por allí. Ocurre que estos militares no concurrían a prestar declaración, amparados en una decisión tan ilegal como antidemocrática de los mandos de las Fuerzas Armadas.

¿Puede justificar el doctor Ramela –un hombre que ha estudiado derecho– tamaña decisión destinada a impedir que se avance en la investigación de un crimen afrentoso, brutal, que todavía indigna y que se ha convertido en un símbolo de la brutalidad e inhumanidad con que los motineros resolvían los problemas políticos?

Habría que preguntarse si las afirmaciones de Ramela son también, como aparentaron ser las del presidente Batlle en torno a la nuera del poeta Juan Gelman, un reflejo de las presiones de los mandos militares y de los directivos de clubes que agrupan a muchos nostálgicos que siguen reivindicando sus acciones en las épocas de plomo, cuando bajo el amparo de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, se sintieron autorizados a cometer cualquier tipo de desmán.

La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, una pésima norma jurídica, aprobada bajo la presión y el temor pero cuya vigencia nadie cuestiona, sirve para todo. Incluso para que mandos militares, en una acción insólita, ordenen que algunos retirados de las Fuerzas Armadas no se presenten como testigos ante la Justicia que investiga dónde están los restos de la maestra asesinada. Para Ramela, esa citación del juez actuante es «una chicana», con la que se intenta pasar «por el costado de la Ley de Caducidad y así tratar de ignorar lo que la ley dice».

Es difícil encontrar un término adecuado que englobe objetivamente y sin apasionamiento esa manera de actuar del doctor Ramela, que tiene como objetivo el amparar a todos los que llevan uniforme sin advertir que de esa manera se sigue impulsando la repulsa social que los propios militares siguen viviendo, ya sean culpables o inocentes, en razón de que la referida norma que estableció la impunidad, es un extremo inaceptable para la ética y la moral.

Ningún alambicado pensamiento puede concluir en que la llamada «familia» militar se haya visto favorecida con la Ley de Caducidad porque, obviamente, al mantenerse la «impunidad» de algunos torturadores y asesinos, el estigma cae sobre todos. Cuando el ex presidente Sanguinetti afirma que la norma que él impulsó durante su primer mandato cumplió la tarea de pacificar, se equivoca. Si a la salida de la dictadura hubiera resplandecido la justicia, las cosas hoy serían muy distintas.

Pero que ahora que esa impunidad se extienda a quienes son llamados como testigos, es una enormidad. Palabra que, al final de estas líneas, parece la adecuada para calificar las declaraciones del doctor Ramela. *