El Ejecutivo interfiere y politiza a la Justicia

Aunque la ciudadanía está preparada para esperar de este gobierno iniciativas imprevisibles, las acciones dispuestas por el Poder Ejecutivo sobre las decisiones del magistrado de Primer Turno en lo Penal, doctor Alejandro Recarey, no dejan de resultar desconcertantes.

Más allá de los pormenores de la emergencia, lo que resulta sorprendente es constatar la dócil inscripción del actual gobierno en la lógica antigua y perversa de la impunidad.

El inocultable conflicto de poderes del Presidente de la República con el Poder Judicial es la evidencia de que ninguna de las formas ensayadas hasta ahora desde el poder para resolver la cuestión de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura ha dado resultado.

Se habla constantemente de la «sabiduría» de la Ley de Caducidad, y apelando a un razonamiento técnica y legalmente erróneo se sostiene que ella tiene especial vigencia al haber sido confirmada por el pronunciamiento en las urnas en el plebiscito de 1989, olvidando que las leyes no admiten ese tipo de jerarquización, que todas tienen el mismo rango.

Justamente, si la ley contuviera el peso y el prestigio que le asignan los defensores de la impunidad, aun menos razones existirían para pretender interferir en las actuaciones de un magistrado cuyos objetivos no son, a texto expreso, los de generar una situación de juicio y castigo sino el de avanzar en el conocimiento de algunos hechos.

De ahí que la citación a la sede judicial de los funcionarios militares que pueden aportar elementos de juicio para conocer el destino de los cuerpos de los ciudadanos víctimas de la desaparición forzada, sea, precisamente, en calidad de testigos.

Obsérvese la incomprensible contradicción en los dichos y en los hechos por parte de un gobierno que, un día sí y otro también, invoca la necesidad de adecuar al país a la evolución y al progreso que se opera en el campo internacional; que apela, con unción casi religiosa, a la sumisión irrestricta a los organismos internacionales como credencial de aptitud para nuestra inserción en el mundo globalizado.

¿Se propone, una vez más, ponerse de espaldas a las obligaciones que para el país suponen los acuerdos y convenios como el Pacto de San José de Costa Rica en el marco de la OEA y las convenciones de Ginebra y Viena en el marco de nuestra inserción en las Naciones Unidas?

¿Cómo se compatibilizan la activa presencia de las tropas uruguayas como representantes de la ONU en África y nuestro desdén por el sistema jurídico internacional destinado a la defensa y promoción de los Derechos Humanos?

¿Cómo se compatibiliza la pretensión de dar hacia fuera la imagen de una república abierta, liberal, moderna y hasta posmoderna y a la vez dar insólitas muestras de empecinamiento y negación ante la demanda de acceder a la verdad que se propone el magistrado?

El Poder Ejecutivo, con su decisión, apunta a generar una encrucijada crítica, una fricción entre los poderes y hasta un agravamiento de la tensión política.

Con su irrupción en la esfera del magistrado, el Poder Ejecutivo está politizando el ejercicio de la función del juez, está sometiendo a la Justicia a la presión política, a las opciones, las preferencias y los intereses políticos del coloradismo.

¿Es ese el camino deseable para un país que se pretende respetuoso del Estado de Derecho?

A la vez, tratándose de un tema de esta naturaleza, no parece adecuada la forma en que se maneja con relación a las Fuerzas Armadas, que tampoco tendrían que sentirse concernidas como cuerpo, ni ligadas a los hechos investigados, en una indagación de esta naturaleza.

El Poder Ejecutivo, al politizar un episodio estrictamente circunscrito a la esfera judicial, ¿está trabajando en beneficio de la «seguridad jurídica» que tan a menudo invoca?

Como se ve, hay un conjunto de valores nada desdeñables que se ha puesto en juego. El gobierno no debería dejarse arrastrar por el ofuscamiento y la precipitación que muestran algunos de sus voceros. *