Alcances de un pronunciamiento popular

A partir de hoy se abre el período asignado por la norma a la reflexión acerca de la actitud a asumir por la ciudadanía con relación al referéndum del domingo.

Puede ser también el momento para reflexionar acerca de cuáles serían, además de la ley sometida a la consulta cívica, los significados del pronunciamiento a que hemos sido convocados, vale decir cuáles han sido los valores y orientaciones políticas más generales que, en forma deliberada o no, se han puesto en juego a lo largo del debate iniciado en el año 2001.

A diferencia de otros países, donde el sistema político prevé una frecuencia mayor en la realización de instancias electorales, en Uruguay, pasada la «temporada» de las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales, se abre un largo quinquenio de inmovilidad política.

Salvo alguna circunstancia excepcional, de sustanciación de un desafuero o de un juicio político, los elegidos para la función política disponen de un dilatado crédito habilitante, condición que se hace notoria cuando en el período se producen hechos trascendentes y se adoptan decisiones polémicas que impactan en un sentido u otro a la ciudadanía.

De este modo, y más allá del contenido de la norma sometida a la consideración del cuerpo electoral, en este caso de amplias connotaciones estratégicas, la consulta al padrón cívico se carga de un conjunto de significados simbólicos y pronunciamientos políticos altamente significativos.

¿Por qué razón ha ocurrido esto?

¿El debate en torno a la ley podría haber asumido un cauce más ceñido y haberse recargado menos de connotaciones políticas, ideológicas y hasta de estilo?

Para responder esta pregunta debemos remitirnos al momento y a los fundamentos que en 2001 se esgrimieron en defensa de la ley. Examinar actas parlamentarias, declaraciones en la prensa y alineamientos partidarios. Como se puede constatar, tal operación nos muestra las variadas aristas que enriquecen el debate.

Para empezar, desde el momento mismo de la sanción de la Ley 17.448, pese a la oposición del Frente Amplio, para un buen número de dirigentes políticos tal hecho legislativo «inauguraba un nuevo período en las relaciones entre los partidos en nuestro país»: había sonado la hora de los acuerdos «por encima de los partidos». Cargada de tal significación simbólica, la aceptación o rechazo de la ley iba más allá de la materia legislativa gestionada.

El curso posterior de la iniciativa mostró por un lado la hostilidad del establishment conservador: los medios masivos, salvo excepciones, apostaron a ignorar el esfuerzo de los propulsores del referéndum; la mayoría de la Corte Electoral, con una miopía antológica, puso trabas y tejió chicanas de las que después tuvo que apearse.

La incorporación de los principales líderes de los partidos tradicionales y el desubique y la desmesura de sus dichos, propalados y repetidos hasta el cansancio, ampliaron la agenda e hicieron más agrio el debate.

Los insultos a Tabaré Vázquez se repitieron. Voceros encumbrados se embalaron en la difamación a los impulsores de la campaña, «repiten las mentiras igual que los nazis», dijo Sanguinetti. Es cierto que después reconoció que estaba, él mismo, cansado de Sanguinetti, pero su contrición no pasó de ahí.

Entre las voces contra la derogación de la Ley 17.448 no faltaron quienes impugnaron la convocatoria misma a una consulta popular. La cuestión, según alguna fuerza política, «tenía que ser dirimida por las elites políticas», «el pueblo no está maduro» para resolver un tema de esa enjundia.

Por esa orilla se sumaron también algunos dirigentes tradicionales –que en su momento no abrieron la boca ante el despilfarro de cientos de millones de dólares en los ruinosos negocios en Argentina– que se lamentaron de los gastos ocasionados por la consulta popular.

Sobre todas esas cuestiones habrá un pronunciamiento el domingo.

Habrá que estar atento. *