Contra la verdad y contra Batlle

Los que desde el cargo que ocupan ponen obstáculos al avance en la búsqueda de la verdad, están imponiendo su voluntad contra las aspiraciones de la mayoría del país y contra los deseos manifiestos del Presidente de la República.

El curso de los hechos, judiciales, políticos, periodísticos, va mostrando la debilidad argumental y la inexistencia de razones válidas de parte de quienes se oponen al proceso de sinceramiento nacional que impulsa el Presidente.

No obstante, los protegidos por la impunidad siguen dueños de una parte de la situación.

Son los dueños del secreto, hablan cuando quieren, con quien quieren y sobre lo que quieren.

En estos días los defensores de la impunidad han sufrido algunos reveses notorios.

El más importante es la sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de sexto turno que confirmó el miércoles la sentencia, adoptada por la doctora Estela Jubette, a favor del recurso de amparo presentado por María del Carmen Quinteros, «Tota».

La resolución, al tiempo que instala en el país la presencia augusta de la justicia, comporta el derrumbe de una montaña de mentiras e incumplimientos legales en que está incurso el Estado uruguayo.

La sentencia del Tribunal de Apelaciones, al reafirmar la pertinencia del recurso de amparo, confirma la vigencia legal de lo que desde este diario, y desde las fuerzas políticas progresistas, se ha venido sosteniendo: «La negativa del Poder Ejecutivo a realizar la investigación de ese caso carece de base legal, en tanto desconoce lo preceptuado en el artículo 4º de la Ley Nº 15.848 (de Caducidad) y la Ley 16.724, ratificatoria de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que cita el juez (Estela Jubette) en apoyo a su posición».

Esta decisión tiene una enorme importancia.

¿Qué actitud política va a asumir ahora el ministro Luis Brezzo?

¿Va a emprenderla con insultos a los miembros del Tribunal, como a partir del miércoles 10 de mayo intentó hacer, en manifiesta actitud de presión hacia el Poder Judicial, con la doctora Jubette?

Rechazada en la forma y en el fondo la intervención del ministro de Defensa, ¿no se estará demostrando que la tesitura del ministro en la materia no sólo no es aceptada en el Poder Judicial sino que no coincide con la opinión del Presidente de la República?

El señor Brezzo, que se proclama una y otra vez solidario con las ideas y la gestión del doctor Julio María Sanguinetti, ¿no estará en una posición que en definitiva resulta incompatible con la propuesta del Presidente de avanzar hacia un «nuevo estado del alma» para resolver la situación de los desaparecidos?

Al emitirse una sentencia tan terminantemente contraria a las resoluciones, criterios jurídicos y concepciones filosóficas del gobierno anterior ¿no debiera derivarse de esa resolución un examen acerca de la pertinencia o no de la presencia del ministro Brezzo en el gabinete?

¿Hasta qué punto es compatible la preocupación de Batlle por «el estado de alma» y los desvelos de Brezzo sobre el «estado del arma»?

Tal como otrora decía el general Seregni, cuando limpiamente disputaba la primacía con Hugo Batalla en el Frente Amplio, ¿no habrá llegado la hora, en el gabinete del doctor Batlle, de poner a un lado los bagres y al otro las tarariras?

En este cuadro de situación con el Ministerio de Defensa y sus subordinados ¿es razonable pensar que el Estado y la sociedad uruguaya avanzarán hacia la verdad mientras los militares acusados hablan con quien quieren y cuando quieren de los problemas que el Presidente se ha comprometido públicamente a esclarecer?