Continuismo para el monopolio de los medios

La renovación de las licencias a los operadores de TV cable realizada por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) se inscribe en la serie de movimientos realizados por este gobierno que conllevan la intervención en decisiones que habrán de asumir gobiernos futuros.

Los compromisos contractuales que asume el Estado tienden a fijar de una vez y por mucho tiempo (en el caso del Aeropuerto de Carrasco es por 30 años) las relaciones con los operadores privados que obtuvieron la concesión.

Se trata evidentemente de un desborde en el tiempo del ejercicio de la autoridad, una medida que según las áreas varía su importancia.

En el caso del mantenimiento de las licencias a los actuales operadores del monopolio montevideano de TV el asunto adquiere otras connotaciones, además de las económicas.

A nadie se le escapa que la situación de dependencia de los operadores del oligopolio privado en materia mediática es un obstáculo para un anhelo democrático elemental: que se oigan todas las voces, que todos los protagonistas y creadores, todas las opciones políticas, éticas y religiosas tengan las mismas posibilidades de desarrollar sus propuestas en materia de comunicación.

A nadie escapa asimismo la importancia de los medios de comunicación, particularmente la televisión, en la formación de la opinión pública y los efectos que esa influencia suele tener sobre el comportamiento del electorado nacional y departamental.

Un sistema moldeado de acuerdo con los intereses del gobierno actual y de los actuales operadores en materia de televisión solo puede ser visto como un medio para influir en las próximas instancias en que el pueblo será llamado a decidir.

Los uruguayos ya conocemos hasta qué punto los operadores actuales en materia de TV son capaces de hacer pesar sus intereses corporativos, sectoriales, familiares y económicos para asegurar el continuismo impertérrito de los sectores sociales interesados en obstaculizar todo cambio en la vida del país.

El control mediático por parte de oficinas dependientes del Poder Ejecutivo incorpora al problema una alta porción de peligrosidad: siendo los medios de comunicación un factor tan esencial para la democracia, empezando por la democracia política, resulta especialmente capcioso que el tema sea acaparado en el área del decreto presidencial sin intervención alguna del Parlamento, sin debates, sin estudios y sin posibilidades de que se viertan y se valoren todas las posiciones existentes tanto en el plano de los consumidores como en el de los productores y de los partidos políticos.

La república conservadora y neoliberal, los grupos que aspiran al privilegio eterno, quieren reaseguros. Quieren, con actos de gobierno ahora, dejar las cosas atadas y bien atadas para siempre. Es un disparate, pero hay que reconocerles el derecho a soñar. *