La nación hipotecada

El Parlamento acaba de rechazar la Rendición de Cuentas 2002 enviada por el gobierno.

El hecho pasa a segundo plano ante el impacto del relevo del ministro de Economía, en un giro negativo, que habrá que tener en cuenta en el análisis político.

Pero importa destacar que el aislamiento del gobierno en esta instancia parlamentaria señala una dura crítica a su gestión.

En especial a su tesis de que lo peor ya pasó y que ahora viene la bonanza.

La sociedad uruguaya está sufriendo como nunca. La gente padece una situación social terrible, los trabajadores y mucho más los desocupados.

Lo que la Rendición de Cuentas no tomó en cuenta es que el fracaso y la crisis que estalló en julio de 2002 no sólo fue responsabilidad del contador Bensión, sino que lo que fracasó fue un modelo que en forma artificial privilegió un esquema de plaza financiera sobre la base de capitales de corto plazo, especulativos, que fue matando todo el esquema productivo del país.

La culpa no sólo la tienen banqueros inescrupulosos, sino la concepción que nos deja una nación hipotecada por muchos años.

Hoy tenemos una deuda externa que fluctúa por encima del 90% del PBI.

Las generaciones futuras van a pagar por años este aumento en los intereses de la deuda pública.

Por eso cuestionamos que el déficit no debían ser los 800 millones de dólares reconocidos sino que hay que sumarle unos 1.500 millones de dólares más, amortizando una parte sustancial, que se sabe incobrable.

El propio dictamen del Tribunal de Cuentas, en forma indirecta, más allá de haber relevado al equipo técnico que tradicionalmente analizaba las rendiciones de cuentas, deja constancia de los 900 millones de dólares de asistencia a los bancos fundidos, que la Contaduría remitió como «partidas a regularizar», más 33 millones de dólares de capitalización del ex Banco Comercial, más 100 millones de dólares de la demanda de los bancos extranjeros en la Cámara de Comercio Internacional, que no está previsionada.

Le tenemos que sumar la capitalización del Banco Hipotecario, que también tiene un alto componente de pérdidas y que a pesar de su bancarrota, su directorio no modificó hasta el hueso su política de gastos.

A ello se agregan las responsabilidades del Presidente, del ex ministro Bensión, del contador Rodríguez Batlle desde el Banco Central –que están siendo investigadas por una Comisión Parlamentaria Especial–, funcionarios que no actuaron correctamente en la previsión del desencadenamiento de la crisis.

También se votó negativamente, porque no se dispone de partidas imprescindibles para cumplir con los atrasos y con las falencias de los organismos del Estado.

Hablamos del Poder Judicial y su necesidad de creación de juzgados y cargos, para cumplir sus responsabilidades jurisdiccionales, de la Escuela Pública, del Hospital de Clínicas, de los sueldos sumergidos de sectores del funcionariado público, como Salud Pública.

Pero también estuvo sobre la mesa lo mal que gasta el Estado y la falta de controles correspondientes. No sólo cuánto se gasta sino cómo se gasta.

Por eso votamos negativamente la Rendición, porque no rendía cuentas fehacientemente de la gravedad de la crisis y de las responsabilidades del equipo de gobierno.

Los datos del gobierno son profundizar el rumbo en lugar de comenzar un viraje.

Se abre un tiempo de inteligencia política y de firmeza para acumular fuerzas que nos permitan augurar un cambio real y darle una esperanza a la gente.

El gobierno lee mal el cuadro político. No nos equivoquemos y hagamos nuestra propia estrategia de consolidación y profundización democrática.

Son tiempos de prueba. *