Amenazas del FMI
Las últimas recetas del FMI son las mismas que el neoliberalismo preconiza desde hace más de veinte años como la panacea del crecimiento y del desarrollo pero que la experiencia ya se encargó de demostrar que son la vía más segura para desmantelar el aparato productivo, aumentar la pobreza y la exclusión y destruir el entramado social.
La apertura del sector público –un eufemismo para referirse a la enajenación de las empresas estatales– figura en primer lugar de las recetas a pesar de que otro organismo financiero internacional, el Banco Mundial, se muestra partidario de revisar ese dogma.
Otro punto clave del paquete de medidas propuesto por el FMI refiere a la desregulación laboral o flexibilización de las relaciones laborales. También en este aspecto, la ideología neoliberal pretende que los vínculos entre empleadores y empleados, entre patronos y asalariados, se rijan por las leyes del mercado sin injerencia alguna del Estado. Esto significa ni más ni menos que borrar de un plumazo casi un siglo de conquistas gremiales logradas merced a la lucha muchas veces heroica de los trabajadores.
Pero la lógica perversa de los fundamentalistas del libre mercado atribuye la crisis a la legislación social y laboral que protege al asalariado, argumentando que sus derechos son privilegios demasiado onerosos para el empleador y para la seguridad social.
De lo que se trata es de cortar el hilo por lo más delgado, como siempre. Los costos se abaratan a expensas del bienestar de los trabajadores, de sus salarios y de sus derechos, presentados como privilegios por el gran capital que no obedece a otro principio que su voracidad y su afán de lucro y que exige para sí ciertos privilegios; si no se les garantizan ganancias, los inversores no vendrán.
Las inversiones extranjeras se convierten así en el fin por excelencia, y todo lo que pueda entorpecerlas debe ser eliminado por cualquier medio, porque para el pragmatismo neoliberal, el fin justifica los medios.
Son varias las batallas que deberá librar el pueblo uruguayo contra las pretensiones del gran capital: en defensa de las empresas públicas contra todo intento privatizador, y también en defensa de una legislación social y laboral de la que en un tiempo los uruguayos nos sentimos orgullosos. *
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