Un gobierno irresponsable

Los uruguayos debemos proponernos, cuando estamos a pocos días del anunciado y postergado remate del Aeropuerto Nacional de Carrasco, tratar de desentrañar por qué el gobierno, con un impulso arrollador y contra viento y marea, se apresta a realizar otro negocio ruinoso. Es evidente que tanto el Parlamento, por la vía de un llamado a sala y/o de la creación de una comisión Investigadora, debería profundizar en los elementos que han llevado a este gobierno a una decisión inexplicable.

¿Por qué le damos este calificativo? Es que, más allá de las cuestiones ideológicas que puedan estar detrás de una acción privatizadora, el Aeropuerto en este momento no está en condiciones de ser traspasado a manos privadas, que buscan el lucro porque, en razón de la crisis que vive el país, esa actividad tiene hoy rentabilidad negativa.

Ninguna empresa medianamente seria puede tener interés en un Aeropuerto que, si bien tiene un valor inapreciable para el país, no se convertirá en un negocio medianamente rentable para una empresa privada. Quizás algún «aventurero» quiera tomar su control para negocios todavía no claros, pero el razonamiento anterior es sumamente atendible y dentro de la mecánica de los negocios, este Aeropuerto no es una buena «tajada».

Este análisis es el que lleva a la primera comprobación: el precio ruinoso puesto por el gobierno para la operación es el resultado de esta situación que, desde el pique, determinará que suban los valores de la operativa en Carrasco, corriéndose el riesgo que alguna de las empresas aéreas que todavía siguen llegando, abandonen Uruguay como destino de sus vuelos.

Se afirma que el gobierno está impulsado esta venta ruinosa porque ha fracasado de manera rotunda la llamada «megaconcesión», para cuyo reflotamiento sería necesaria una inyección de capital. La versión indica que la «gran idea» del ministro de Transportes y Obras Públicas, Lucio Cáceres –basada en boletines atrasados del Banco Mundial, y que creó una distorsión gigantesca en el país y provocó un catastrófico encarecimiento en el tránsito por carretera– está paralizada. Las empresas adjudicatarias no pueden hacer las obras prometidas porque la recaudación en los peajes no es la que ambicionaban y, por lo tanto, sólo estarían en condiciones de concretar «algo» si reciben dinero fresco. Y ese dinero sería el obtenido en el remate del Aeropuerto de Carrasco.

De confirmarse esta versión, la gravedad de lo que proyecta el gobierno se multiplica. ¿Cómo es posible que se venda un emprendimiento estratégico, fundamental para el país, como es el Aeropuerto, para cubrir necesidades de una «megaconcesión», una fórmula sui géneris para privatizar también las carreteras, aplicando un mecanismo impulsado por el Banco Mundial que, en todos los países donde se puso en marcha, mostró su fracaso? Extremo reconocido también por el propio organismo de crédito internacional.

O sea que, nuevamente, se busca el peor camino, y el gobierno exhibe improvisación e irresponsabilidad. Es evidente que se debiera hacer un esfuerzo final para evitar esta «enormidad» que se concretaría el próximo miércoles 27 cuando el país, por un lapso de 30 años, abandonaría el manejo de una actividad como la aérea, absolutamente estratégica y cuyo desarrollo propendería al crecimiento del país. Pero, además, entregándolo con una pista refaccionada, en que se han invertido 25 millones de dólares, con obras realizadas en el mismo edificio, totalmente fuera de lugar.

Un gobierno responsable debería analizar con seriedad la situación antes de adoptar decisión alguna en un área de gran importancia para el futuro del país. *