Ataques contra la Justicia

Cuando el barón de Montesquieu enunció el principio de la separación de los poderes, sentó una de las bases jurídico-políticas más importantes del moderno Estado democrático. El absolutismo, resumido en la famosa sentencia de Luis XIV «el Estado soy yo», pretendía que el monarca –cuyo poder era de origen divino– asumiera para sí todas las funciones estatales, que dictara las normas, que las aplicara y que juzgara los litigios.

La independencia de los poderes fue –y sigue siendo– la única garantía de un funcionamiento democrático auténtico al delimitar con claridad el área específica que a cada uno de ellos compete. Las Constituciones de los Estados modernos establecen también un sistema de pesos y contrapesos para evitar que uno de ellos prevalezca por encima de los otros, mediante mecanismos de control recíproco.

Desde que ese sabio principio fue incorporado a la cultura cívica de las sociedades, se procuró que los magistrados judiciales contaran con una absoluta independencia técnica y funcional, de modo de garantizar su imparcialidad sobre todo en aquellos juicios en que una de las partes es alguien que tiene vínculos estrechos con el gobierno y que un fallo adverso podría perjudicar.

Pues bien, cuando esa independencia emblemática de los jueces lesiona ciertos intereses, inmediatamente, de forma más o menos sutil o solapada cuando no francamente grosera, se levantan voces ofendidas que no se contentan con criticar el fallo judicial sino que, velada o abiertamente, lanzan acusaciones irresponsables contra los funcionarios encargados de administrar justicia.

El procesamiento de Juan Carlos Blanco hizo que la derecha estrechara filas junto al ex canciller. El juez y la fiscal que entienden en la causa, el doctor Cavalli y la doctora Guianze respectivamente, se convirtieron en el blanco de las iras de gobernantes y dirigentes de ambos partidos tradicionales. Otros procesamientos de connotados personajes fueron también objeto de severísimas críticas; se llegó a insinuar, al borde ya de la paranoia, que los jueces «acomodan el cuerpo» tratando de complacer a la izquierda en previsión de un próximo posible triunfo de las fuerzas progresistas.

Más cerca en el tiempo, el juez José Balcaldi ha sido víctima de difamación (y ha entablado, como corresponde, una demanda por ello) de parte de un oscuro terrorista de Estado, en un intento por evitar su comparecencia en el Juzgado a cargo de dicho magistrado, en el juicio que se le sigue por apología del delito.

Lo hemos afirmado más de una vez: los jueces no son infalibles y todo ciudadano tiene el irrestricto derecho de cuestionar las decisiones de la Justicia. Pero el sistema judicial prevé una serie de trámites e instancias precisamente establecidos para subsanar los posibles errores de los magistrados.

A esas instancias debemos someternos todos, pues flaco favor se hace a un poder del Estado cuando, en razón de que un fallo no nos ha sido favorable, la respuesta es denostar a sus funcionarios.

Más de una vez hemos disentido de una decisión judicial y así lo hemos hecho saber. Pero nunca hemos recurrido a la difamación, la injuria, o la descalificación. *