Un reconocimiento a la Argentina luchadora

Todavía no se han apagado los ecos de las decisiones adoptadas en Argentina. Los ecos informativos y también los emocionales. No es para menos.

Tanto la actitud del Poder Ejecutivo presidido por Néstor Kirchner, que reivindica para la Argentina el compromiso con los Tratados Internacionales que establecen la imprescriptibilidad de los delitos de genocidio y lesa humanidad como la decisión de la Cámara de Diputados, anulando las leyes de perdón y obediencia debida, aunque esperadas, han provocado un fuerte impacto. En Argentina y fuera de ella. Kirchner realiza otra contribución a la sorpresa positiva, al acto de buen gobierno hasta hace poco tiempo inesperado.

Los días que precedieron a la histórica jornada del martes 12 hacían suponer que las leyes de perdón serían anuladas. Desde hace ya muchos meses que en Argentina nadie se atreve a defender esas leyes de impunidad y los sagaces políticos de los partidos mayoritarios así lo habían entendido.

La jornada del martes en el Congreso tuvo, simultáneamente, varios escenarios paralelos. Uno, estrictamente político y parlamentario, permitió ver la soledad de los impunes, la falta de argumentos, la escurridiza debilidad de quienes en algún momento habían insinuado la defensa de las leyes que favorecieron a los genocidas y criminales de guerra.

Al mismo tiempo, en las inmediaciones del Congreso Nacional, se hizo presente uno de los protagonistas esenciales de la Argentina actual, la movilización popular, la presencia de las organizaciones de masas, los organismos de Derechos Humanos, los partidos políticos democráticos y de izquierda y, sobre todo, la organización de las Madres de Plaza de Mayo, Abuelas e Hijos, núcleo embrionario histórico de la resistencia popular al terrorismo de Estado argentino.

Fueron estas organizaciones y estas fuerzas populares las destinatarias en última instancia de las resoluciones tanto del gobierno nacional como del Congreso.

Fue a esos y a esas protagonistas de la lucha contra la impunidad que la nación argentina realizó su homenaje y el reconocimiento de su gesta.

Las decisiones del 12 de agosto están situadas en ese terreno, emocional, simbólico, ético. Van más allá del contenido de las normas anulatorias aprobadas. Van más allá de la fuerza formal y jurídica de los actos de un gobierno legítimo, representativo y con gran respaldo popular.

Como bien ha explicado en 1410 AM LIBRE Isidoro Gilbert, las resoluciones del Congreso Nacional no tendrán un efecto inmediato ni mecánico sobre las decisiones de los magistrados. Al fin de cuentas es en sus manos que está la interpretación de las normas vigentes y aún antes de estas decisiones anulatorias, ya habían existido resoluciones judiciales que consideraban la sustancial inconstitucionalidad de las leyes de perdón y de obediencia debida.

Los efectos están situados, para los magistrados, en la zona de las opiniones existentes en la materia y no en el perentorio acatamiento de la letra fría de la norma. Opiniones y pronunciamientos que por primera vez en mucho tiempo en Argentina, aúnan las voluntades del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo en una formidable conjunción de pareceres y compromisos contra la impunidad.

Tarde o temprano los efectos de irradiación de estas decisiones se harán sentir en Uruguay. Más temprano que tarde, también aquí se levantarán las trabas que pesan sobre la justicia y entonces ya no se escribirán en la prensa de nuestros vecinos esos artículos que nos avergüenzan porque dicen verdad, como el que hace pocos días proclamaba, «Uruguay, el último paraíso de la impunidad». *