Botones para muestra

Apelando al centro de las preocupaciones de los que defienden la ley de asociación de Ancap con empresas extranjeras, nos encontramos con que la necesidad de bajar el precio de los combustibles es una obsesión. Nos explican hasta el cansancio que el alto precio que pagamos los uruguayos por los mismos tiene su causa principal en la ineficiencia de la empresa estatal y el monopolio del que hace gala.

Yo pienso que  como todo  cuando uno corta grueso corre serios peligros de equivocarse. Por eso es que siempre conviene ir desagregando las partidas que componen un costo, para descubrir dónde están las ineficiencias, los gastos al cohete, las compras innecesarias o sobredimensionadas, los negocios ruinosos y  agrego ahora, porque de eso casi nunca se habla  las diferencias fiscales.

A propósito de estas últimas:

1.- Existía en nuestro país un impuesto a la venta de moneda extranjera (Iveme) que debía pagar todo cristiano que necesitara divisas extranjeras. A poco de andar se halló que era un impuesto injusto, muy complicado de controlar y que ambientaba el florecimiento de casas de cambio que fundaban su utilidad en la compra-venta de moneda extranjera sin registrar. Entonces, a partir de 1994, fue derogado, sustituyéndolo por el Impuesto a la Compra en Moneda Extranjera (Icome) que grava las compras de divisas de las empresas del Estado únicamente. Como usted podrá imaginar, el principal aportante para este impuesto es Ancap, dado que es el principal comprador de moneda extranjera en Uruguay.

Durante el año 2002, el Estado recaudó doscientos setenta y ocho millones de pesos por ese concepto. ¿Cuánto de esa cifra está incluido en el precio que pagamos  usted y yo  cuando compramos la garrafa, la nafta, o el gasoil?

2.- Por distintas leyes (números 16.697, 17.243 y 17.345) se exoneran o rebajan los aportes patronales para la industria manufacturera, ordenándose a la Tesorería que cubra la merma de aportes que sufrirá el Banco de Previsión Social (BPS). Esas exoneraciones no alcanzan a las empresas públicas, entre las que está Ancap. También por esta vía se están diferenciando costos, en perjuicio de la empresa estatal.

¿Para qué le pongo estos ejemplos? Simplemente para que reflexionemos juntos hasta dónde las presuntas ineficiencias de la empresa estatal provienen de un mal funcionamiento y a partir de que punto ellas son provocadas por tratamientos fiscales diferenciados en perjuicio de ella.

Yo no tengo dudas de que Ancap tiene un funcionamiento cojitranco. Pero tampoco las tengo de que las causas hay que buscarlas en la dirección de nuestra empresa insignia, así como en la aplicación de normas legales y administrativas que le son perjudiciales y discriminatorias.

Aquello que se dice siempre de los arbitrajes deportivos ¿vio? ¿Cuántas veces un árbitro pita fallos erróneos que alteran sustancialmente el resultado de un partido?

Me inclino a pensar que estamos ante situaciones similares, en la dirección de las empresas públicas. *