El Presidente Kirchner y los derechos humanos en Uruguay

«No es una búsqueda de huesos, sino que es un fragmento de un tejido de dolor donde cada fragmento representa a todos». Juan Gelman, el lunes 4 a la salida de una entrevista con el primer mandatario.

 

El Presidente argentino sigue imprimiéndole a su gobierno un fuerte dinamismo y un indudable compromiso con un conjunto de valores que mucho importan en la Argentina. La lucha contra la corrupción policial y en los establecimientos penitenciarios, la depuración de la Corte Suprema y el desplazamiento de más de una cincuentena de mandos militares han sido muestras claras de una nueva actitud para enfrentar problemas que el lamentable interregno menemista había agravado en términos difícilmente soportables para una sociedad que aspira a vivir en paz y dignamente. No nos explayamos aquí en otras dimensiones de la gestión de Kirchner, como su preocupación por la situación social que aqueja a la Argentina, su denuncia de las tremendas desigualdades que caracterizan a esa sociedad y de las presiones que desde afuera se ejercen sobre el Estado en el intento de seguir ahondando el estatuto de la dependencia.

En relación con la vigencia de los Derechos Humanos en la Argentina el nuevo presidente ha dado también pasos significativos: buen entendimiento con la organización Madres de Plaza de Mayo, inclusión en los equipos de gobierno de personalidades de reconocida trayectoria como militantes contra el terrorismo de Estado y la impunidad, como el canciller Rafael Bielza, el director de la Secretaría de Derechos Humanos, el juez Eduardo Luis Duhalde; este último con una larga trayectoria también en la lucha contra el Plan Cóndor y la impunidad en Uruguay. Como candidato a presidir la Corte de Justicia, el gobierno ha impulsado la candidatura de un jurista relevante, de pensamiento avanzado, el penalista Raúl Zaffaroni, cuyo nombre ha provocado la irritación de la ultraderecha togada argentina.

La reciente derogación del decreto del ex presidente De la Rúa, que impedía la extradición de militares argentinos solicitada por magistrados extranjeros, también se inscribe en una línea de acción basada en principios sólidos de respeto por la verdad y la justicia. A esto se suman las reacciones provocadas por los pedidos de extradición del juez Baltasar Garzón y el anuncio del Congreso Nacional de examinar la anulación de las leyes de impunidad el próximo 12 de agosto. Una idea de lo escaso del apoyo político con que hoy cuentan aquellas leyes que impidieron el juzgamiento de los militares del proceso es que la gran mayoría de diputados de las principales bancadas, radical y justicialista, se han mostrado partidarias de la anulación.

En ese contexto no debería llamar la atención a nadie la especial atención brindada por el presidente argentino a los reclamos de Juan Gelman, instancia acerca de la cual LA REPUBLICA informara detalladamente el pasado martes.

De acuerdo con lo informado, el sentido de la entrevista reposa en un razonamiento a la vez sencillo y fuerte: el gobierno argentino tiene el derecho y la obligación de preocuparse por la suerte corrida por sus ciudadanos en cualquier parte del mundo. María Claudia Irureta Goyena, la nuera de Juan Gelman, encarna no sólo la infinita crueldad de los represores argentinos y uruguayos de los 70; también muestra hasta qué punto de iniquidad pueden llegar los gobiernos uruguayos en su «asociación para la impunidad» de los represores. A todas las voces que en Uruguay se alzan reclamando la verdad, ahora habrá de sumarse una nada desdeñable: la de la Cancillería argentina haciéndose eco de las preocupaciones del Presidente. *