Unidades reguladoras: una fórmula diabólica

La «nomenklatura» nace en la Ley 16.832 que creó la UREE. Le siguieron, ya dentro de este gobierno, la Ursea y la Ursec, aparecidas en las leyes 17.296 y 17.598.

Tales engendros cuentan con un antecedente normativo, de fines del 92. La Comtel, ideada desde la Antel presidida por la multifacética Medero, para acompasar el frustrado intento enajenador de «Empresas Públicas».

Si lo rememoro fue porque me cupo desbloquear el Cable, resistido por el corporativismo de la televisión privada y algunos tecnócratas de Antel, con relativo éxito, hasta que a la postre llegara a ofrecérseme la Presidencia de la Comtel. La rechacé por tres razones. Una mantiene total vigencia: su inconstitucionalidad.

Otra me la reservaré. La tercera, resulta anecdótica. Ilustrativa del desquicio del gobierno Lacalle desde fines de 1992. Aunque aquella fue refrendada por el entonces ministro del ramo, catedrático en Administrativo, como último firmante del Acuerdo, después, se sabría que las órdenes del Dr. Lacalle, ante las dudas que le suscitara dicho proyecto, habían sido otras. Que fuese el primer ministro en firmarlo, siempre y cuando no le merecía reparos. Los cortesanos se ocuparon de operar distinto.

Similar razón, contraria al texto y contexto de la Carta (la del 66 pero no la del FMI) sirvió de pretexto al actual gobierno para crear nuevas «unidades reguladoras»: Ursea, Ursec, directamente dependientes de la Presidencia. Se gestó así, por impericia o dolo, un confuso sistema orgánico; con límites no claros, duplicación de funciones, lo que hizo quebrantar, también aquí, la sutil mecánica de pesos y contrapesos.

En concurrencia, cuando no competencia, con cometidos inherentemente ministeriales. Para colmo, se entrecruza la heterogeneidad de sus objetos: agua con energía, telecomunicaciones con correos. Nada ha mejorado: ni en efectividad, menos en imparcialidad. Ni por asomo en torno a cuanto hacen y deshacen, antojadizamente, ciertas televisoras privadas.

Tiempo atrás, el actual titular de Educación me honró al añorar cuanto hiciera en Comunicaciones. Una opinión reconfortante, por su versación profesional en temas de Radiodifusión.

Dejando de lado falsas modestias, la comparto. La incapacidad de la Ursec en defender siquiera su patrimonio, pone en riesgo la soberanía misma, en su gestión del espectro radioeléctrico nacional. Sabedores de un multimillonario desfalco, persistió en su juego al avestruz.

Quizá por no comprometerse con las ilegales e inconstitucionales repartijas de FM de febrero de 2000, violatorias de la Ley 15.095. Precio que, hasta donde me consta, fue pagado para tapar aquel agujero negro de U$S 700.000. Otro bochorno condenado por Batlle, quien no bien asumió, apostara todo al statu quo.

El remate: confió su «defensa» en un juicio probablemente fraudulento, a quien jamás habría podido aceptar tal carga, ni ser mantenida como abogada del caso.

Si los cuestionamientos jurídicos resultan abstractos, basta ver que esas Reguladoras, lejos de abatir el gasto  en consonancia con tanto discurso  lo incrementan. Cuasi «Entes Autónomos» virtuales, redundan en mayores costes para el erario. Estos sí muy reales, adecuados a las «jerarquías» de sus imaginarios «Directorios».

En la Ursea, la cosa tampoco resulta mejor. Mi paso y pase «en comisión al gabinete» del ex ministro del ramo, me ha hecho saber de drásticas quitas que intentan en desmedro de las remuneraciones del funcionariado del MIEM. Todo para favorecer, inconstitucionalmente, a las nuevas «elites» de la Ursea.

Donde antes existían órganos unipersonales, dependientes de tal o cual cartera, con las responsabilidades claramente diferenciadas, pulula el neo «colegialismo» jorgista.

La responsabilidad política del ministro del ramo, piedra de toque del sistema, se diluye en una maraña de dependencias múltiples, entrecruzadas.

Resultado obvio: la irresponsabilidad de todos, porque todos serían responsables. Fórmula diabólica, que lleva a la inmunidad total, pase lo que pase, por la grotesca vía de la generalización.

Aunque el Dr. Batlle hiciera mención a la veta inglesa de su liberalismo, contrastándola con la afrancesada imputada a su predecesor, su praxis ha devenido más versallesca. Todo el poder al Supremo.

Con todo esto, la Coalición (subyacente aunque se desmienta) aspira a algo más. Seguir gobernando aunque pierdan elecciones. Sus «Directorios» sobrevivirían al presidente Batlle.

El futuro presidente se encontraría hasta promediar su mandato, maniatado por estos mini «colegiados», a quienes se han confiado áreas estratégicas: la energía, los recursos acuíferos o las comunicaciones.

Como si las «tutelas» plebiscitadas en 1980, supervivientes en Unidades Ejecutoras del MDN como la DNC hasta 1992, resurgieran de sus cenizas. Trasmutadas por una alquimia legislativa, ante la inminencia de un gobierno progresista. *