Sombras en la Rendición de Cuentas

Los trascendidos existentes sobre la llamada Rendición de Cuentas son, en todos los casos, catastróficos. Muestran, de confirmarse algunos de ellos, el desapego existente en el Poder Ejecutivo por el respeto a las normas de contabilidad establecidas en el Tocaf y, por supuesto, sobre las que deberían existir en un Estado democrático, donde la moralidad de las cuentas públicas debe ser una exigencia invulnerable, que más allá de otras contingencias, debe mantenerse en todas las circunstancias.

De acuerdo con lo indicado en esta Rendición de Cuentas no se contabiliza la gigantesca asistencia que se diera al sistema financiero, aunque la misma esté en el basamento mismo de una crisis que ha empobrecido a todos los uruguayos. Con una ficción insólita, se pretendería cumplir con una exigencia constitucional, aunque en la misma los números no coincidan con la realidad y allí no estén estampadas las millonarias erogaciones que el gobierno ordenó. Ello es una enormidad de tal magnitud que mucha gente, no actualizada del desapego por la verdad que tiene este gobierno, puede creer que el principio de todo este escándalo es el resultado de versiones antojadizas y que, finalmente, como ocurre año a año, la referida Rendición de Cuentas se aprobará de todas maneras.

Sin embargo sería sano para el país y para todos los uruguayos que en esta ocasión, la discusión parlamentaria sea profunda y se resuelva en la ocasión en razón de las conclusiones a que se arribe. Porque, obviamente, no puede ser de recibo para nadie que se presente un trabajo que debe contener lo ocurrido durante el último año, sabiéndose de antemano que se trata de un expediente presuntamente maquillado y que no contiene explicaciones de temas fundamentales y tan graves como el de la millonaria asistencia a los bancos. ¿Quizás el gobierno no recuerde que desvió fondos depositados en la Tesorería de la Nación con ese destino? ¿Esa suma no bordeó los 600 millones de dólares, a lo que se le deben sumar las reservas del Banco Central y la asistencia, vía adelanto «puente» del gobierno de los EEUU, que ahora se integra a la deuda con el Fondo Monetario Internacional.

¿Será que el gobierno no quiere estampar en la Rendición de Cuentas una serie de acciones que, presuntamente, han sido ilegales, tal como lo consideró hace algunas semanas el doctor Ramón Díaz? Las especulaciones que se pueden realizar al respecto son muchas y las explicaciones que algunos integrantes del equipo económico han realizado son muy poco convincentes.

Por todo ello es bien claro que una profunda y esclarecedora discusión parlamentaria se hace necesaria en esta ocasión. Mal papel harían los legisladores si, probadas las carencias de este texto, formaran mayorías para aceitar el pasaje de la Rendición de Cuentas sin tener en cuenta las deficiencias existentes.

El más de un millón de uruguayos que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, los 400 mil que tienen problemas de trabajo, el millón y algo que tienen la suerte de cumplir una labor remunerada, los jubilados y pensionistas, los empresarios de las más diversas ramas, todos los uruguayos, tenemos el derecho de saber en qué se utilizan los recursos que entre todos producimos con nuestro trabajo, a través de los impuestos que recortan el menguado nivel de vida.

Esa es una obligación que tiene el gobierno pero que además está claramente estampada en la normativa legal que rige al país. Vulnerarla es, obviamente, conspirar contra nuestra maltrecha democracia, única virtud que le está quedando a este país. *