Parlamento y Derechos Humanos

Dos o tres interesantes iniciativas se hallan en curso en el Parlamento de la República. Muestran el interés, si no de todo el Cuerpo al menos de sus sectores mayoritarios, por el respeto a los Derechos Humanos en el país y la necesidad de que, sobre los puntos donde todavía no se ha hecho la luz, la verdad se abra paso.

El diputado del Frente Amplio-Encuentro Progresista, Doreen Ibarra, dando cauce a una inquietud manifestada días atrás por Víctor Vaillant del Movimiento Claveles Rojos del Encuentro Progresista, cursó al Ministerio de Defensa Nacional un pedido de informes que refiere a un asunto de real significación.

Tomando como punto de referencia el llamado Informe Final de la Comisión para la Paz, el Diputado frentista quiere saber «en qué unidades militares fueron inhumados y después exhumados e incinerados los cuerpos de los ciudadanos desaparecidos de los que da cuenta el Informe de la Comisión presidida por monseñor Cotugno.

Con justificado interés Doreen Ibarra quiere saber también cuál fue la autoridad que ordenó esas operaciones con los cuerpos de los uruguayos desaparecidos y a cargo de quiénes estuvieron esos operativos. La misma preocupación expresa ante quienes ordenaron y ejecutaron las exhumaciones, la incineración y luego el lanzamiento de las cenizas al mar.

Las preocupaciones que el diputado Ibarra ha instalado en el curso de la labor legislativa ya se habían expresado por parte de varias entidades defensoras de los Derechos Humanos y de organizaciones sociales activas en este terreno.

En el plano institucional constituye una primera y elocuente muestra de la amplitud y la gravedad de las dudas que han quedado en la delicada zona de la desaparición forzada de personas en Uruguay después de conocidas las versiones aportadas por parte del Poder Ejecutivo.

Una segunda iniciativa parlamentaria apunta en el mismo sentido. Es lo que surge de una información aportada por el diputado Guillermo Chifflet que ha dado cuenta que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja ha decidido invitar a la Comisión para la Paz para entender sobre varios aspectos del trabajo llevado adelante por la misma.

Dado que muchos aspectos trascendentes de lo actuado no están contenidos en el texto oficial difundido y sí aparecen en distintas versiones de prensa, una instancia como la que se proyecta, serena y formal, con la participación amplia de legisladores de todos los partidos y con la correspondiente versión taquigráfica, está llamada a convertirse en una instancia valiosa en el siempre trabado proceso de conocimiento público de los hechos. El diálogo parlamentario, en ese terreno, constituye un escenario responsable y serio, que brinda garantías a todos los participantes para brindar informes cuidadosos que luego serán examinados por el cuerpo legislativo y por la opinión pública.

En otro orden, también en el plano parlamentario se han expresado inquietudes acerca del nombramiento de algunos «docentes» y jerarcas en el que empieza a ser tristemente célebre Calen. Algunos legisladores quieren saber qué criterios prevalecen para que personas acusadas de graves delitos contra los derechos humanos aparezcan revistando en esa institución dependiente del Ministerio de Defensa Nacional.

Actuando de este modo, los representantes nacionales al tiempo que dan cumplimiento a las funciones de contralor que la Constitución le asigna al Poder Legislativo están haciéndose eco de extendidas preocupaciones de algunos sectores de la población. *