Acerca de lo inútil y perjudicial

Existe una ley del año 1948 que autoriza el funcionamiento de sociedades anónimas cuya actividad principal es la de invertir en papeles, en el exterior. Se les prohíbe, como contrapartida, tener inversiones dentro de nuestras fronteras por sumas significativas. En buen romance, esta ley le dice al capital golondrina, que si quiere hacer chanchadas, las haga afuera; pero que, a nosotros, no nos jorobe.

Yo estoy casi seguro de que usted nunca oyó hablar de estas sociedades anónimas que se conocen con el nombre de sociedades financieras de inversión. Sin embargo –me contó un pajarito– en los cincuenta y cinco años de vida que lleva esta ley, se han creado cincuenta mil de estas sociedades (unas mil por año); y en la actualidad hay dieciséis mil que están vivitas y coleando. También me contó, que diariamente se crean tres o cuatro, ininterrumpidamente, por parte de estudios jurídico-contables, entre los que se destaca el de un ex ministro, muy opinador él.

Usted me preguntará ahora, para qué sirven ¿verdad? Mire: yo no tuve acceso a la discusión parlamentaria; por lo tanto, no sé cuáles fueron las razones que se esgrimieron en su momento para habilitar su funcionamiento. Pero le puedo decir que ellas son muy útiles para el blanqueo de capitales y la elusión del impuesto a la renta, especialmente en la República Argentina. (De esto le hablé la semana pasada ¿recuerda?)

Usted puede decirme que, bueno: aunque le estemos haciendo roncha a la Argentina, para nosotros es una importante fuente de trabajo, dado que dieciséis mil empresas a dos empleados –nada más– cada una, son treinta y dos mil empleos. Yo lamento contradecirlo. Estas empresas amigo, están en estado de latencia, durmiendo –un par de libros de contabilidad por cada una– en los anaqueles de los ya mencionados estudios jurídico-contables.

Y a su observación de que, bueno: pagarán suculentos impuestos, ¿no?, le informo que, de acuerdo con el boletín estadístico de la Dirección General Impositiva (DGI), durante el año 2002 contribuyeron a los ingresos del Estado en el 0,35% (cero coma treinta y cinco por ciento), a través del único impuesto que las grava, que asciende al tres por mil de su capital y reservas. Esto significó un promedio de ocho mil novecientos pesos cada una, por año. Algo así como el equivalente al IVA que paga cualquier uruguayo de clase media, en las facturas de luz y teléfono.

Resumiendo: no invierten dentro del país porque no les tenemos confianza. No generan puestos de trabajo. Pagan una insignificancia por concepto de impuestos. Son perjudiciales para nuestros vecinos. ¿Por qué las autorizamos? *