Habrá consulta popular

Aunque dijo que sólo estaba informado superficialmente acerca del conteo de firmas en la Corte Electoral, el Presidente de la República sostuvo públicamente que cree que las firmas existen. A esa misma conclusión habían llegado, hace ya varias semanas, los impulsores de la recolección de firmas para promover la realización de un referéndum sobre la ley que habilita la asociación de Ancap con empresas privadas.

Finalmente se ha dado el brazo a torcer. Los que se oponían tenazmente a la consulta popular y alzaron toda clase de obstáculos contra ella admitieron la legitimidad de los resultados de un esfuerzo que durante largos meses se empeñaron en ignorar.

La secuencia de episodios en torno a esta ley y a la iniciativa de convocar a una consulta popular resulta instructiva: durante meses la campaña de recolección de firmas avanzó muy lentamente, en medio del vacío de los grandes medios de comunicación y la ausencia de voces defendiendo las bondades de la ley. Era «la callada por respuesta».

Para buena parte de la población, que no estaba en condiciones de manejar el conjunto de la información, la ley que habilita al ente petrolero a asociarse con empresas privadas formaba parte del conjunto de iniciativas de un gobierno que parecía estar dispuesto a un mayor diálogo con las organizaciones sociales y la izquierda.

La iniciativa oficialista avanzando sobre la privatización de Ancap, entonces, había navegado con viento a favor mientras duraron los efectos del «estado de gracia» que Batlle había obtenido en los primeros meses de su gobierno, con modales y delicadezas que aparecían muy contrastados con la crispación autoritaria que caracterizó a la gestión de su antecesor, Sanguinetti.

Pero en el curso de 2002 los sucesivos reveses del gobierno fueron cambiando el perfil político de la situación.

La recolección de firmas que durante varios meses había avanzado lentamente se fue cargando de una significación más general.

Apareció y se extendió rápidamente una conducta ciudadana en la que se conjuga una fuerte desconfianza hacia las privatizaciones y un creciente malestar por la situación económica y social que vive el país como consecuencia de la tozudez neoliberal del gobierno.

Contrariando las más elementales recomendaciones del buen sentido, los opositores a la consulta democrática aumentaron los escollos y la exposición de su juego, y de sus jugadores.

Cuando era evidente que las voluntades ciudadanas existían y que la Comisión de Defensa del Patrimonio había controlado exhaustivamente el contenido de las papeletas con las firmas, las marrullerías se ensayaron en la etapa de verificación que se realiza en la Corte Electoral.

A esa altura del desenvolvimiento de la iniciativa por referéndum los obstáculos puestos por los operadores oficialistas en la Corte lo único que consiguieron fue irritar a los contingentes sindicales y frentistas que había laborado en la movilización. Las denuncias se hicieron más enérgicas, una cadena humana rodeó el edificio de la Ciudad Vieja y desde la izquierda se habló con insistencia de denunciar internacionalmente las maniobras antidemocráticas que se ensayaban.

Como sucesión de un cúmulo de torpezas, el gobierno y sus colaboradores tuvieron todos los perjuicios de obstaculizar una consulta democrática, sin ninguna contrapartida.

Ahora, la convocatoria a la ciudadanía estará más cargada de contenido que nunca.

Será, inevitablemente, un plebiscito sobre el conjunto de la gestión del gobierno.

Un plebiscito que, también inevitablemente, será una suerte de elección anticipada, ya en los umbrales de 2004. Un indicador de cuánto les queda para repartirse entre blancos y colorados.

Por eso no hay que descartar que se intenten nuevas maniobras para evitar la convocatoria al pueblo. *