¿Hasta cuándo?

Han transcurrido casi veinte años desde que el país recuperó su normalidad institucional; la Constitución y las leyes rigen plenamente la vida democrática, y los derechos y garantías individuales son respetados por las autoridades.

Sin embargo –e independientemente de la impunidad de que gozan los terroristas de Estado– hay un aspecto que oscurece ese panorama y que los gobiernos se han mostrado remisos en resolver de manera adecuada. Nos referimos al papel de las Fuerzas Armadas y a su renuencia a reinsertarse en la sociedad.

En los últimos días, varios hechos dan la pauta de la tenacidad con que los mandos militares se mantienen aferrados a una visión esquemática del pasado reciente e insisten en justificar la violencia represiva con argumentos reiterados y falaces; una actitud arrogante en la que no asoma ni un mínimo arrepentimiento o capacidad de autocrítica.

La cerrada defensa del ex canciller procesado y la intención de homenajearlo habla a las claras de esa mentalidad a que aludimos y que quedó de manifiesto explícitamente en el discurso pronunciado por el comandante en jefe del Ejército el pasado 18 de mayo y en la celebración del Día del Soldado, con la presencia casi provocativa de figuras emblemáticas de la dictadura. El martes pasado, la conmemoración de la toma de la «cárcel del pueblo» fue otro pretexto para que aflorara el mismo discurso obsoleto y nostálgico denotativo del pensamiento oficial castrense que en nada ayuda a lograr el estado del alma propiciado por el presidente Batlle.

Las revoluciones lideradas por Aparicio Saravia en 1897 y 1904 fueron, esas sí, verdaderas guerras civiles. El Ejército de línea debió enfrentar a otro ejército –el insurgente– que se levantaba en armas desafiando a un gobierno constitucional, y las víctimas de ambos bandos se cuentan por miles, como consecuencia de sangrientas batallas. Sin embargo, una vez derrotada la subversión saravista, el país entró en una etapa de profundas reformas sociales y políticas de profundización de la democracia, con lo que de hecho la sociedad –y el gobierno– hacían suyos e incorporaban muchos de los reclamos de los blancos sediciosos. Y no hay registros de que el ejército triunfador en aquellos crueles enfrentamientos haya adoptado la actitud de soberbia corporativa que hoy exhiben las jerarquías castrenses. A nadie se le ocurrió, por ejemplo, celebrar anualmente la derrota de las tropas saravistas en Masoller ni bautizar local alguno «1º de setiembre de 1904″ como recordatorio de la batalla final contra la insurgencia armada.

Han transcurrido dieciocho años desde el fin de la dictadura cívico-militar; es hora de que la autoridad civil asuma su responsabilidad y que los militares se ubiquen en el lugar que la sociedad y el ordenamiento jurídico les han asignado. *