El absurdo del acuerdo entre gatos y ratones

Sería bueno que los temas se aclararan de una vez por todas. Que el gobierno se oponga a una solución legislativa para las personas endeudadas en dólares tiene pocas interpretaciones. Obviamente ello ocurre no en razón de la conveniencia de que dicha solución sea inapropiada ni poco efectiva. Es que una medida de este tipo determina un marco más estable para que tanto los acreedores como los deudores sepan a qué atenerse. Quizás no sea un brillante camino, que contemple todo tipo de alternativas, que lleve a encontrar la solución de fondo para miles y miles de familias que están viviendo una situación límite. Lo que ocurre que ese camino legislativo no favorece al principal acreedor, que no es otro que el sistema financiero.

La decisión de buscar una solución administrativa, como dicen los legisladores del gobierno, es impulsada porque al acreedor le conviene tener las manos libres para modificar, si las circunstancias lo alientan, las reglas del juego. Además porque un acuerdo «administrativo» debe ser negociado con discrecionalidad diversa y pesos específicos obviamente distintos.

En este país, donde han «caído» todos los contratos, en que se han «acorralado» los depósitos de cientos de miles de ahorristas, se busca ahora dejar con el poder discrecional de establecer el acuerdo en manos de los acreedores que, en base a una proclamada «buena voluntad», podrán establecer a su arbitrio las reglas del juego.

Si existe otra razón para tanta palabrería hueca, para tanta pequeñez parlamentaria, que se diga. Sin embargo las cosas a esta altura parecen estar bien claras. El sistema financiero no quiere quedar ceñido en el marco de una ley que imponga mecanismos, que alargue plazos, establezca quitas y determine el compromiso de que las garantías, por lo menos en el marco del cumplimiento de lo acordado, no serán ejecutadas.

La llamada «solución administrativa» es de una concreción más laxa, sin que nadie se tenga que regir por lo establecido por una una ley. Será mucho más fácil ejecutar una garantía, del tipo que ésta sea, si no existen para ello trabas legales.

Por supuesto que solamente con ingenuidad se puede decir que la solución legislativa es el «desiderátum» y que tras de la misma el tema quedaría definitivamente solucionado. Nada de eso. El endeudamiento de la gente, especialmente en moneda extranjera, es una pesada carga a la que muchas familias no podrán hacer frente ni con ley ni sin ella, porque la devaluación aplicada por el gobierno fue una lápida brutal y, para muchos, infranqueable. Sin embargo, sabemos que existe una responsabilidad política, innegable, de integrantes del gobierno, que aseguraron que en el país se mantendría el régimen de franjas de flotación de la divisa, trasmitiendo seguridades sobre la estabilidad cambiaria.

Como en otras tantas cosas a esas palabras se la llevó el ventarrón cambiario, determinando el drama de un endeudamiento que el gobierno pretende resolver dejando la solución en manos de la «buena voluntad» de los acreedores.

La suspensión de ejecuciones, obviamente, no es una solución de fondo. Pero, ¿cuál es la solución ideal en esta emergencia? Porque el problema está en el empobrecimiento de las familias, en la brutal transferencia de ingresos a que se sometió al pueblo que dejó el tendal de damnificados. La única solución para el endeudamiento es que el país vuelva a crecer, que las familias reestructuren sus economías en base a ingresos adecuados y sueldos dignos, que comience a revertir la desocupación.

Claro, pero para pasar ese Rubicón, se hace necesaria una solución legislativa de emergencia. «Acuerdos» entre el gato y el ratón no son posibles. Ni nunca lo fueron. *