La crisis exige soluciones de fondo

Uruguay, un país que hasta no hace mucho tiempo fue modelo de sociedad equilibrada, con correctos índices de justicia social, de alfabetismo y de educación que lo convertían en una mosca blanca en el concierto latinoamericano al punto de ostentar el título –exagerado sin duda, pero merecido en cierta forma– de Suiza de América, ese mismo país ha sufrido un proceso de deterioro que terminó por latinoamericanizarlo definitivamente.

La crisis que empezó a insinuarse a mediados de los años cincuenta y que el neobatllismo no fue capaz de conjurar empezó a dejar al desnudo importantes fallas estructurales que siguieron profundizándose desde entonces. El descontento popular se expresó políticamente en el triunfo electoral del Partido Nacional en 1958. Fue la manera que encontró la gente de castigar la demagogia colorada y de apostar a un cambio; un cambio tímido o tibio, es cierto, pero un cambio al fin: significó terminar con casi cien años de predominio colorado.

Por desgracia, durante las cuatro últimas décadas del siglo pasado, la crisis se agudizó. Y téngase presente que el gobierno cívico-militar representó tan sólo doce de los más de cuarenta años transcurridos, por lo que la responsabilidad de la situación que hoy vivimos hay que atribuirla no sólo a la dictadura sino también a los gobiernos democráticos que el país se dio y que continuaron aferrados al modelo desregulador.

En la cuarta administración posdictadura, la crisis se ha hecho sentir de manera especialmente dramática y sigue mostrando sus efectos devastadores: aumento del desempleo, reducción del salario real, incremento del trabajo informal y del empleo precario, colapso de la Seguridad Social; y como en una espiral perversa o círculo vicioso, mayor recesión, mercado interno deprimido, baja de la recaudación.

Todo esto es suficientemente conocido y es materia de análisis periódicos de parte de los especialistas en temas económicos. Pero los efectos sociales de la crisis son su cara más visible y más dolorosa: aumento de la pobreza y de la marginación, desnutrición infantil, deserción escolar, descaecimiento de los valores, emigración, aumento de la delincuencia en calidad y en cantidad, cárceles superpobladas, inseguridad, y el largo etcétera que diariamente nos golpea.

Como lo hemos dicho más de una vez, el sistema carece de respuestas frente a esta realidad y los gobernantes son incapaces de rever los postulados del modelo ni menos de atacar las causas estructurales de la crisis. Es por ello que sólo se ocupan de combatir los efectos y apuestan a paliativos, a soluciones de emergencia que dejan intacto el origen de los males.

Nadie podría sensatamente condenar al gobierno por instrumentar políticas asistenciales tendientes a mitigar la penuria de los sin techo y sin comida: la situación límite que viven tantos y tantos compatriotas exige una rápida respuesta solidaria. Tampoco se puede censurar que la policía redoble esfuerzos en su lucha contra la delincuencia porque la población vive la angustia de la inseguridad y reclama que el Estado cumpla su función protectora. Del mismo modo, todos coincidimos en que es preciso ampliar y mejorar las condiciones de reclusión ya que el sistema carcelario está desbordado y no cumple la función de reeducación del infractor.

Pero resulta inadmisible que el gobierno se limite a este tipo de medidas. Porque se trata –como dijimos– de medidas exclusivamente paliativas que no tienen en cuenta las causas de todos estos males. Son todas medidas necesarias pero no suficientes, que tienen sentido cuando acompañan una política de Estado encaminada a combatir el origen de los males, es decir a desarticular la usina generadora de patologías sociales.

Es probable que los ayatolás del fundamentalismo neoliberal coincidan con nosotros respecto a la necesidad de medidas de fondo. Pero ya conocemos cuáles son sus propuestas: que se profundice el modelo, que se privatice todo, que el Estado se abstenga de intervenir, que todo quede librado a la regulación del mercado. Sin embargo, la experiencia se ha encargado de demostrar el fracaso absoluto de la receta, porque incluso cuando se ha verificado un crecimiento de los indicadores económicos, ese crecimiento no se reflejó en una mejora de las condiciones de vida de las mayorías.

Por ello debemos seguir apostando a un cambio verdadero, que promueva el crecimiento y a la vez, la justicia social. *